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Hasta en el arte de callar hay que saber cuándo ha llegado
el instante de hablar. Si en lugar de mantener un penoso silencio, mutismo
estático, la Justicia hablara el lenguaje de la operatividad y la diligencia, la
opinión pública murciana dejaría de quejarse de tan largo silencio sobre la
envenenada corrupción regional y política.
Intentar administrar una justicia de emergencia y lenta, y
pretender contentar a todos es una petulancia imperdonable. La decepción es un
estado de ánimo que puede terminar en una crisis social y por elevación en
crisis moral en la vida económica y financiera de una región como la murciana
ya tan debilitada por los especuladores del ladrillo con escasa conciencia de
la honestidad profesional y mercantil.
No es un buen paisaje. Murcia enferma de un mal que se
alarga y con síntomas que se diversifican, han hecho saltar las alarmas después
de una década de gente pasando por los Tribunales, en donde jueces y fiscales, buscan
delincuentes, y tardan en encontrarlos culpables unas veces por falta de
medios, y en otras ocasiones por la deleznable presión política, y por falta de
ideas realistas.
La situación es límite como afirman en ciertos sectores de
una opinión pública descontenta, desconcertada, abúlica y escéptica, que precisa
y requiere una mano enérgica en el timón del Palacio de Justicia regional, no
comprendiendo las dificultades de una administración en quiebra. Esto no es
poco, pero pudiera resultar, como ocurre en otras Comunidades Autónomas, que
urja a jueces y fiscales, un esfuerzo mayor, hasta el punto de no cortarse un
pelo investigan do hasta al yerno del Rey.
No quisiéramos saber lo que pasaría en Murcia, altamente politizada, si
tuvieran que proceder contra el Presidente regional y del partido popular, hoy
en el pedestal de intocable.
El ahora estallido de la burbuja, el pelotazo multimillonario
de la OPERACION UMBRA, viene a demostrar todo lo que hasta ahora hemos
comentado razonando sobre hechos concretos. Y si añadimos los procesos de La
Zerrichera, Torre Pacheco, confesamos paladinamente que no lo entendemos bien. Y
los asuntos muy oscuros de Librilla, de los más podridos, y Fuente Álamo,
indica peligro de eternizarse.
No entendemos los excesos de prudencia magistral y de una parsimonia taurina
totalmente incongruente en una plaza del Derecho. Pero a pesar de todo
confiamos en jueces y fiscales, estos últimos faenando con magistrados y
abogados defensores y ter- minen siendo consecuentes y eficaces en sus delicados
trabajos en los que se juega con la honra propia de los ciudadanos.
Un trabajo que necesita tiempo, pero un tiempo prudencial como en otros casos
no politizados y no objetos de presiones mediáticas y sociales que amenazan al
Estado del Derecho.
La sociedad murciana, hoy en un estado catatónico por una mezcla de aburrimiento, cinismo y falta de ese dinamismo moral tan necesarios en una sociedad moderna y culta, necesita que nuestros funcionarios de la Justicia y de la alta política den un ejemplo enérgico de salud mental. Es un problema nacional que queda reflejado en las encuestas oficiales cuando se les pregunta a los ciudadanos sobre la corrupción, y responden casi con indiferencia, más preocupados por los problemas de la cartera que con la honorabilidad nacional, bajo mínimos.