Barcelona no es territorio natural para un presidente aragonés. Pero Jorge Azcón eligió la capital económica del país para tomar la palabra ante políticos, empresarios y periodistas reunidos en el Afterwork de El Periódico, y lo hizo con un mensaje que miraba más allá de los Pirineos: el de un dirigente regional convencido de que los problemas de Aragón son, en realidad, los problemas de España.
Un presidente aragonés con agenda nacional
El Afterwork de El Periódico reunió en Casa Cupra Raval de Barcelona a un público poco habitual para un foro regional. Entre los asistentes estaban el expresident José Montilla, el presidente del Port de Barcelona, el director del Barcelona Supercomputing Center y directivos de Prensa Ibérica. No era una audiencia aragonesa. Era, precisamente, el punto.
Azcón, abogado de formación y presidente de Aragón desde 2023, dialogó con Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica. El formato fue abierto, sin estridencias. El contenido, en cambio, resultó nítidamente nacional: propuestas concretas, críticas directas al Gobierno central y un relato sobre Aragón que aspira a convertirse en modelo para otras comunidades.
La reforma electoral: el pacto que Azcón pide a PP y PSOE
La primera prioridad que Azcón puso sobre la mesa no fue una autovía ni un trasvase. Fue el sistema electoral. «La primera reforma que necesita este país es el sistema electoral», afirmó sin rodeos.
Su diagnóstico no es de ruptura. Valora la ley D’Hondt y reconoce que ha permitido representar muchas sensibilidades durante décadas, pero ese mérito ya no basta. España necesita, según él, «un plus de gobernabilidad» que no rompa la proporcionalidad. Para ilustrarlo, miró al modelo griego: quienes tienen responsabilidad de gobernar son los ejecutivos elegidos, y el sistema debería facilitarles la toma de decisiones. La parálisis no es un accidente. Es, en parte, consecuencia del diseño.
El acuerdo que propone tiene dos firmantes claros: PP y PSOE. Solo los dos grandes partidos pueden sostener una reforma de ese calado, lo que implica reconocer, sin decirlo, que los partidos más pequeños difícilmente cederán cuota de representación de forma voluntaria.
Financiación autonómica: Aragón, la comunidad que menos recibe
Si la reforma electoral fue la primera crítica, la financiación autonómica fue la más concreta. Azcón rechazó el modelo negociado con ERC con un argumento de fondo: el debate «está condicionado por las necesidades políticas del Gobierno y no por lo que necesitan las comunidades autónomas».
Los números son difíciles de ignorar. Aragón recibiría 3.522 euros por habitante, la cifra más baja de todas las comunidades. La media se sitúa en 3.700 euros. Cataluña alcanzaría los 3.900. La diferencia entre un aragonés y un catalán sería de unos 500 euros anuales por persona.
El problema de fondo, según Azcón, es que el modelo aplica el principio de ordinalidad en lugar de calcular el coste real de los servicios. Eso perjudica a territorios como Aragón, que no son ni los más ricos ni los más poblados. Rechazó también el objetivo de déficit fijado por el Ejecutivo central, que considera igualmente desajustado respecto a la realidad de las comunidades.
Democracia, presupuestos e inmigración: las otras críticas al Gobierno
Sobre los presupuestos, su posición es conocida, pero la reiteró con claridad: un presidente que no logra aprobarlos debería convocar elecciones. Él lo hizo. El resultado le obligó a pactar con Vox, y lo asume. El dardo hacia Sánchez, que mantiene que agotará el mandato hasta 2027, fue velado pero reconocible.
En materia de inmigración, el tono fue más contundente. Calificó la regularización impulsada por el Gobierno de «chapuza incomprensible» y contraria a la orientación que está tomando la Unión Europea. Matizó, sin embargo, que Aragón quiere ser «una tierra abierta». La clave, dijo, está en los criterios: económicos, sociales y técnicos.
Preguntado por la «prioridad nacional» que Vox incluyó en el acuerdo de gobierno aragonés, Azcón defendió que establecer prioridades en la concesión de ayudas no es algo nuevo. Lo que le importa, dijo, es que esas prioridades estén dentro de la legalidad y tengan sentido social.
Aragón como laboratorio de inversión: energía, vivienda y personas
La parte más optimista llegó al hablar de Aragón como destino de inversión. La comunidad concentra menos del 3% de la población española, pero atrae inversiones récord en logística, agroalimentación, automoción y centros de datos. Su posición geográfica, entre Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia, es una ventaja estructural que empieza a traducirse en cifras.
El 90% de la energía que se consume en Aragón es renovable. Azcón celebró ese dato, aunque añadió una condición: ese valor añadido debe quedarse en la comunidad. No basta con producir energía limpia si los beneficios se diluyen fuera.
Dos cuellos de botella frenan el potencial. El primero es la vivienda: la construcción real está muy por debajo de las necesidades, y la solución pasa por agilizar trámites y reducir burocracia. El segundo es el capital humano: sin personas, la inversión no se consolida. Aragón quiere dejar de ser sinónimo de despoblación, y la prosperidad económica, argumentó Azcón, es el motor que puede financiar servicios públicos de calidad en las tres provincias, no solo en Zaragoza. Lo que viene ahora es ver si esa apuesta resiste el contraste con las decisiones que se toman en Madrid.