El cierre del curso político en La Moncloa rara vez llega sin cálculo. Este año, Pedro Sánchez lo convirtió en una doble operación: defender un balance de legislatura ante una mayoría parlamentaria frágil y proyectar una imagen de liderazgo de cara a un 2027 cargado de citas electorales.
En ese escenario, la emergencia climática —agravada por los incendios del verano— ha irrumpido como uno de los ejes del discurso del presidente. Pero la urgencia real del fenómeno y la oportunidad política que ofrece son difíciles de separar.
Un cierre de curso con la vista puesta en 2027
La clausura del curso político en La Moncloa siguió el patrón habitual de este Gobierno: cada comparecencia cumple una función estratégica. Sánchez aprovechó el acto para proyectarse hacia el próximo ciclo electoral, en un momento en que las encuestas le son adversas y los fracasos parlamentarios recientes —en materia presupuestaria y de vivienda— han dejado al descubierto la fragilidad de su mayoría.
2027 asoma en el horizonte con múltiples convocatorias municipales, autonómicas y, en última instancia, generales. El presidente reiteró su intención de agotar la legislatura, aunque no descartó un adelanto si los Presupuestos Generales no logran salir adelante en el Congreso. «Cuando llegue el momento, veremos», respondió al ser preguntado por esa posibilidad.
La emergencia climática entra en la agenda política
Uno de los ejes del discurso fue la demanda de un pacto de Estado contra la emergencia climática, impulsada tras la ola de incendios del verano. El cambio climático ocupó espacio junto a la economía y la vivienda como prioridad declarada del Ejecutivo.
La paradoja es evidente. El Gobierno pide consenso político en materia climática precisamente cuando la fragmentación parlamentaria bloquea otras iniciativas propias. Construir un acuerdo amplio sobre clima requiere la misma aritmética parlamentaria que ha impedido aprobar los presupuestos o el decreto de vivienda. Esa contradicción no pasó desapercibida.
Economía récord como escudo político
Sánchez dedicó buena parte de su intervención a los datos macroeconómicos. Coincidiendo con el récord de empleo registrado en la última EPA y con la revisión al alza del crecimiento del PIB al 2,6%, el presidente afirmó que España crece «cinco veces más que Italia, cuatro más que Alemania y tres más que Francia». Los fondos Next Generation EU fueron señalados como «palanca fundamental» para la recuperación tras la pandemia, aunque reconoció las dificultades de gestión derivadas de la estructura multinivel del Estado.
Otro dato que el Gobierno subraya: la renta disponible per cápita ha crecido un 9% en términos reales, por encima de los países del entorno europeo. Son cifras que el Ejecutivo convierte en argumento político ante un electorado al que las tensiones geopolíticas y la guerra comercial han vuelto más sensible a la estabilidad económica.
Vivienda: promesas pendientes y datos que incomodan
Un día antes de la comparecencia, el Gobierno anunció que no aprobaría el decreto de vivienda prometido para julio. La falta de acuerdo parlamentario bloqueó una medida que incluía prórrogas en los alquileres, endurecimiento de condiciones para arrendamientos turísticos y nuevas bonificaciones fiscales.
Sánchez defendió, aun así, los resultados de la Ley de Vivienda. Afirmó que los municipios que han aplicado topes al alquiler consiguen abaratar precios «sin reducir la oferta». Es una afirmación que choca con los datos del sector.
Según la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI), el 21,9% de los propietarios con viviendas gestionadas por sus agencias ha abandonado el mercado del alquiler residencial de larga estancia durante el último año. Los principales portales inmobiliarios también apuntan a una caída de la oferta especialmente acusada en las ciudades donde se aplican topes.
Corrupción: el peso de los casos cercanos
Sánchez no abordó los escándalos de corrupción en su discurso inicial; solo lo hizo al ser preguntado directamente por los periodistas. Sobre el caso Plus Ultra, defendió su «legalidad absolutamente intachable» y rechazó que se tratara de un rescate: fue, dijo, «un préstamo con tipos de interés» en respuesta a la pandemia.
Sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez —condenado a nueve años de inhabilitación— el presidente apeló a sus trayectorias profesionales independientes. En el caso de Gómez, recordó que renunció a su empresa para evitar conflictos de interés. Las causas judiciales en general fueron atribuidas por Sánchez a una «intencionalidad política» impulsada también por partidos de la oposición.
Qué vigilar en los próximos meses
El otoño será determinante. La presentación de los Presupuestos Generales en septiembre pondrá a prueba tanto la aritmética parlamentaria como la credibilidad del relato económico del Gobierno. Si los PGE no prosperan, la pregunta sobre el adelanto electoral dejará de ser retórica.
La propuesta de pacto climático, mientras tanto, necesitará concretarse en medidas y negociaciones reales. La urgencia del fenómeno no atiende a calendarios electorales, y la distancia entre el discurso y la acción será uno de los indicadores con los que medir a este Gobierno de aquí a 2027.