En enero de este año, Natalio Grueso ingresó en la prisión de Aranjuez con una enfermedad grave. En los meses siguientes, su estado empeoró hasta el punto de que los propios médicos del centro penitenciario solicitaron su excarcelación. Esta semana, el Consejo de Ministros ha concedido un indulto por razones humanitarias al dramaturgo y exdirector de la fundación del Centro Cultural Oscar Niemeyer.
Un indulto motivado por la salud
El Consejo de Ministros ha conmutado la pena de prisión que le restaba por cumplir a Grueso, aunque su inhabilitación sigue en vigor. La decisión llega después de que la Junta de Tratamiento de la prisión de Aranjuez, a instancias de los médicos del centro, solicitara la excarcelación ante el agravamiento de su enfermedad. Esa petición fue elevada a la Secretaría General de Prisiones, y el Gobierno actuó en paralelo con el indulto humanitario.
Ya en marzo, el abogado de Grueso, Francisco Miranda, del despacho Vox Legis, había alertado de que el estado de salud de su cliente era delicado. El médico de la prisión había pedido que lo visitara un especialista.
La familia y quienes impulsaron el indulto respondieron con alivio. En un comunicado, subrayaron que la enfermedad «ha empeorado seriamente durante sus últimos meses en prisión» y defendieron que «la humanidad y la protección de la vida y de la dignidad de las personas deben ocupar un lugar esencial» en situaciones como esta. Añadieron, además, que Grueso «ha hecho frente íntegramente a todas sus responsabilidades económicas».
De director cultural a condenado por malversación
La Audiencia de Asturias condenó a Natalio Grueso en 2020 a cinco años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con falsedad en documento mercantil y oficial, más tres años adicionales por un delito continuado societario. La condena fue ratificada en abril de 2023.
Los hechos juzgados se remontan a su etapa como director de la fundación del Centro Cultural Oscar Niemeyer, cargo que ocupó desde finales de 2006 hasta 2012. Después pasó al Ayuntamiento de Madrid, donde asumió la gestión de todos los teatros municipales de la capital.
El origen del caso está en diciembre de 2012, cuando la propia fundación del Niemeyer presentó una denuncia ante el juzgado de Avilés. La entonces consejera de Cultura Ana González señaló que se habían detectado descuadres en facturas emitidas o recibidas entre 2007 y 2010 que superaban los 400.000 euros. Un año después, en enero de 2014, la responsable reconoció ante la comisión de investigación de la Junta General que aquellas irregularidades «se podían haber detectado antes».
Dos fugas y una euroorden: el largo periplo judicial
La historia judicial de Grueso no es lineal. La primera fuga se produjo en septiembre de 2018, antes del juicio oral: la policía intentó localizarle en su domicilio de Madrid sin éxito. El portero del edificio confirmó que llevaba unos siete años sin residir allí y que la vivienda estaba vacía. La Audiencia ordenó su prisión al no poder notificarle la citación.
La segunda desaparición llegó en agosto de 2023, apenas unos meses después de que la sentencia fuera ratificada. Grueso puso tierra de por medio y permaneció huido durante más de un año. En febrero de 2024, las autoridades emitieron una euroorden —una Orden de Detención y Entrega— al considerar probable que hubiera abandonado el territorio español.
La orden dio resultado. En diciembre de 2025, la Guardia Civil y la Policía Judiciaria portuguesa lo localizaron y detuvieron en la isla de Culatra, en el municipio de Olhão, al sur de Portugal. Ingresó en Aranjuez en enero de 2026, procedente de varios centros penitenciarios portugueses y de Badajoz.
El perfil de Grueso: dramaturgo, novelista y gestor cultural
Más allá del proceso judicial, Natalio Grueso tiene una trayectoria cultural extensa. Es dramaturgo y novelista: ha publicado La soledad (2012) y La república de los ladrones (2017). Sus defensores invocaron esa carrera —desarrollada tanto en España como en el ámbito internacional— como argumento a favor del indulto.
Su caso plantea preguntas que van más allá de su historia personal. ¿Cómo debe responder el Estado cuando alguien condenado por gestionar mal fondos públicos enferma gravemente en prisión? ¿Tiene sentido seguir cumpliendo una pena cuando hacerlo pone en riesgo la vida del condenado?
No hay respuestas sencillas. El indulto humanitario existe precisamente para esos casos límite, donde la rigidez de la condena choca con circunstancias que el tribunal no podía prever. Lo que el caso de Grueso recuerda es que el sistema penal, en ocasiones, debe detenerse a mirar a la persona que tiene delante.