El 3 de septiembre de 2025, el Gobierno de Giorgia Meloni cumplió 1.413 días en el poder y se convirtió en el Ejecutivo italiano con mayor permanencia ininterrumpida desde la Segunda Guerra Mundial. Para un país acostumbrado a ver caer gobiernos en cuestión de meses, el dato es significativo.
Pero esa estabilidad política coexiste con una economía que creció apenas un 0,5% en 2025 y que el FMI proyecta seguirá avanzando a un ritmo similar. Italia ha resuelto, por ahora, su problema de permanencia en el poder. Lo que aún no ha resuelto es qué hacer con ella.
Un récord poco habitual en la historia italiana
El 3 de septiembre de 2025, el Gobierno de Meloni alcanzó los 1.413 días consecutivos en el poder. Ningún otro ejecutivo italiano había llegado a esa marca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En un sistema político históricamente propenso a la fragmentación y la inestabilidad, el hito merece atención.
Meloni ha mantenido cohesionada su coalición y ha ganado credibilidad internacional, tranquilizando también a los mercados financieros. A eso se suman más de un millón de empleos adicionales, una tasa de desempleo inferior al 6% y una mayor disciplina presupuestaria. Son resultados concretos. La pregunta es qué viene después.
Una economía estancada bajo el peso de décadas
La estabilidad política convive con una economía que avanza con lentitud. El PIB creció un 0,5% en 2025, y el FMI proyecta avances igualmente modestos para 2026 y 2027, con un crecimiento potencial a medio plazo estimado en torno al 0,6%. La deuda pública rondaba el 137% del PIB al cierre de 2025, lo que reduce el margen de maniobra fiscal y encarece cualquier reforma que requiera compensar a los sectores afectados.
La productividad sigue siendo crónicamente débil. El envejecimiento de la población agrava las perspectivas a largo plazo. Estos condicionantes son anteriores al actual Gobierno y tienen raíces estructurales que ningún ejecutivo ha logrado extirpar del todo. La estabilidad política es una condición necesaria para afrontarlos, pero no suficiente.
El laberinto administrativo que frena a empresas y ciudadanos
Según datos de la Comisión Europea publicados en junio, el 41% de las empresas italianas declaró estar insatisfecho con la Administración, la proporción más alta de toda la Unión Europea. El 69% de las pymes identificó la regulación y las cargas administrativas como obstáculos relevantes, y el 83% empleaba personal dedicado exclusivamente al cumplimiento normativo.
La dificultad no es intencional. Es sistémica: surge de competencias solapadas entre instituciones, procedimientos acumulativos y una dilución de responsabilidades que dificulta saber quién debe tomar cada decisión. Un funcionario asume mayor riesgo personal al autorizar algo que al aplazarlo. El resultado es la parálisis. Las grandes empresas pueden costear abogados y consultores especializados; las pequeñas encuentran barreras más altas para crecer e innovar, y cuando los costes administrativos desincentivan la expansión, los salarios y el crecimiento se resienten.
Lo que ya se ha avanzado y lo que aún falta
El Gobierno de Meloni no ha estado inactivo. Más de 260 procedimientos han sido simplificados o digitalizados en el marco del plan de recuperación europeo, y la Zona Económica Especial del sur de Italia redujo el plazo medio para obtener autorizaciones de inversión de más de 98 días a menos de 54.
A finales de 2025, Italia había cumplido casi tres cuartas partes de los hitos de su plan de recuperación y recibido aproximadamente tres cuartas partes de los 194.400 millones de euros disponibles. La OCDE reconoce avances reales en administración pública, justicia y entorno empresarial. El reto ahora es extender esos logros de forma coherente a todo el territorio nacional, porque lo que funciona en una región no siempre se traslada al conjunto del Estado.
La próxima etapa: convertir la estabilidad en legado
La reforma estructural es políticamente exigente porque redistribuye costes y beneficios de manera desigual. La simplificación fiscal perjudica a quienes se benefician de ciertas exenciones; la liberalización de mercados obliga a sectores establecidos a adaptarse; la reforma de pensiones tiene consecuencias sociales amplias. Siempre hay ganadores y perdedores, y ese reparto desigual es lo que hace tan difícil sostener el impulso reformador.
Una estrategia administrativa clara podría ayudar a ordenar ese proceso: revisión sistemática de normas existentes, fechas de caducidad regulatoria, autoridades únicas responsables por cada autorización y respaldo legal a los funcionarios que actúen de buena fe. El progreso debería medirse con indicadores prácticos, como el tiempo necesario para abrir una empresa u obtener un permiso de obras.
La estabilidad política ha sido el logro definitorio del primer mandato de Meloni. Esa misma estabilidad ofrece ahora una plataforma para algo más ambicioso. Si el Gobierno logra traducir la permanencia en transformación institucional duradera, habrá cambiado algo más que un récord histórico. Habrá cambiado el modo en que Italia funciona.