Miles de viviendas completamente terminadas llevan meses esperando en la Comunitat Valenciana. Están construidas, equipadas y listas para ser entregadas a sus propietarios. Solo les falta una cosa: el suministro eléctrico.
Detrás de esa espera hay un problema que apenas ha trascendido al debate público. Más de 16.500 expedientes —5.500 de ellos residenciales— acumulan retrasos sin fecha de resolución, convirtiendo la conexión a la red en un nuevo obstáculo para una crisis habitacional que ya acumula demasiados frentes abiertos.
Una crisis dentro de la crisis: viviendas listas que no se pueden habitar
La crisis de vivienda en España arrastra varios frentes conocidos: el encarecimiento de los materiales de construcción, la escasez de suelo urbanizable y la falta de mano de obra cualificada. Ahora se suma uno nuevo, menos visible pero igual de paralizante. Más de 5.500 inmuebles residenciales completamente terminados en la Comunitat Valenciana no pueden entregarse a sus propietarios por falta de los permisos necesarios para el suministro eléctrico.
El impacto es directo. Familias que compraron una vivienda y esperaron meses —o años— a que la obra concluyera se enfrentan ahora a una nueva espera sin fecha. La llave está, literalmente, en la puerta. Pero la luz no llega.
En un mercado residencial bajo tensión extrema, cada vivienda bloqueada es oferta que no llega al comprador. El retraso en las conexiones eléctricas frena la incorporación de nuevas unidades en el peor momento posible, agravando una situación que ya tenía demasiados frentes abiertos.
El tapón industrial: 11.000 negocios también en espera
El problema desborda el ámbito residencial. De los más de 16.500 expedientes pendientes en la Comunitat, 11.000 corresponden a proyectos comerciales e industriales: instalaciones logísticas, establecimientos comerciales y proyectos de inversión que aguardan una autorización de conexión que no termina de llegar.
Las cifras ilustran bien la magnitud del bloqueo. En solo dos meses, seis proyectos con una inversión mínima de 130 millones de euros vieron rechazados 132,5 megavatios de potencia solicitada. No por problemas técnicos propios, sino porque la red carece de capacidad para absorberlos. El sector de la construcción y el tejido empresarial llevan tiempo reclamando medidas urgentes, pero la tramitación administrativa se ha convertido en un cuello de botella que lastra proyectos con suelo, financiación y planificación ya resueltos.
La red eléctrica al límite: los datos de saturación que explican el colapso
Los datos de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) son elocuentes. Según los mapas de capacidad publicados en abril de 2026, Castellón presenta un 100% de nudos sin capacidad disponible, Valencia alcanza el 88% y Alicante el 80%. La red de distribución, en términos prácticos, está llena.
No se trata solo de un problema administrativo. Es un límite físico. Aunque se agilizaran todos los trámites burocráticos, muchos proyectos seguirían sin poder conectarse por falta de potencia real en la red. Pedro Fresco, director de la patronal de energía renovable Avaesen, lo resume sin ambages: «La realidad es que no hay potencia disponible para los consumidores y eso genera un problema en muchos sitios de España, sobre todo en Castellón y Valencia». Su diagnóstico apunta a una solución estructural —invertir más en redes y planificación— y señala también una vía emergente: «Estamos a la espera de que las baterías se puedan transformar en demanda flexible, lo que abrirá el acceso a la red a más actividades».
Las medidas de choque: 8.500 expedientes desbloqueados, pero la congestión persiste
El Consell respondió con una norma aprobada por vía de urgencia. La resolución permitió conceder autorización administrativa previa y de construcción a determinados proyectos sin necesidad de declaración de utilidad pública ni evaluación ambiental, y afectaba a solicitudes presentadas entre enero de 2020 y diciembre de 2025 que contaran con la documentación completa.
El resultado fue significativo: desde enero se han desbloqueado 8.500 expedientes. El problema, sin embargo, no ha desaparecido. Las nuevas solicitudes siguen llegando y la acumulación se mantiene. Hay, con todo, una novedad relevante: las Entidades Colaboradoras de Certificación (ECUV) acaban de activarse tras más de un año de espera del sector. La Generalitat habilitó hace apenas semanas la plataforma necesaria para que puedan tramitar expedientes y prevé que esta herramienta aporte un nuevo impulso en los próximos meses.
El papel de los ingenieros: revisión técnica previa para ganar tiempo
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ya opera como entidad colaboradora y recibe un volumen creciente de solicitudes. Del total de proyectos que llegan, aproximadamente el 56% corresponde a líneas eléctricas de alta tensión y el 44% restante a instalaciones de alta tensión, principalmente centros de transformación.
Su función es concreta: antes de que un expediente llegue a la Administración, el colegio realiza una revisión técnica previa que detecta errores y omisiones, reduciendo plazos de forma significativa al evitar paralizaciones por documentación incompleta. El propio colegio pide cautela. «Todavía es pronto para hacer una valoración definitiva de sus resultados, porque los procedimientos necesitan un tiempo razonable para desplegarse, consolidarse y demostrar todo su potencial», señalan. Una advertencia honesta en un contexto donde la urgencia podría generar expectativas difíciles de cumplir a corto plazo.
Lo que ocurra en los próximos meses será determinante. La activación plena de las ECUV, la evolución de la capacidad de la red y el ritmo de resolución de expedientes decidirán si el sistema logra absorber la acumulación o si el tapón eléctrico se consolida como un problema estructural para la vivienda y la inversión en la Comunitat Valenciana.