A mediados de agosto de 2025, con media España de vacaciones, el Gobierno afronta una cuenta atrás que no admite pausas. El Plan de Recuperación europeo —el ambicioso programa acordado por la UE en julio de 2020 para reparar los daños económicos de la pandemia— llega a su fase final con una parte sustancial del dinero todavía sin cobrar.
España ha recibido hasta ahora el 76,5% de los fondos que le corresponden. El resto, unos 25.800 millones de euros, depende de lo que ocurra en las próximas dos semanas.
Un plan nacido de la pandemia, ahora en su momento más crítico
En julio de 2020, con Europa aún conmocionada por la pandemia, los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico: crear un fondo de recuperación sin precedentes para reparar el tejido económico del continente y acelerar su transformación digital y verde. El reparto efectivo comenzó en 2021, y desde entonces el programa ha marcado el ritmo de la política económica en buena parte del continente.
Entre todos los países beneficiarios, España e Italia son los que más fondos han recibido. España, en concreto, ha cobrado 78.000 millones de euros desde que Bruselas aprobó su plan en junio de 2021 —el 76,5% del total asignado al país.
Lo que queda por cobrar no es menor: 25.800 millones de euros desglosados en 21.462 millones en transferencias directas y otros 4.400 millones en préstamos. Prácticamente una cuarta parte del total. Y todo depende de lo que España sea capaz de acreditar en los próximos días.
148 hitos en quince días: la magnitud del reto
El 31 de agosto es la fecha límite inamovible. Ese día, España debe haber cumplido todos los hitos y objetivos que aún tiene pendientes ante la Comisión Europea: en total, 148 compromisos por acreditar.
Cuatro de esos hitos merecen atención especial. Tres corresponden al sexto tramo del plan y siguen sin cerrarse formalmente —vinculados a la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y los proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas—. El Gobierno ha actuado: los ha reformulado mediante una adenda técnica que ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Comisión Europea. Es una señal positiva, aunque el margen sigue siendo estrecho y cualquier retraso en la documentación podría comprometer el acceso a una parte de los fondos.
El sexto pago ya llegó — ahora viene el séptimo y último
La semana pasada, Bruselas liberó 6.234 millones de euros correspondientes al sexto pago del plan: 5.226 millones en transferencias y 1.008 millones en préstamos. Ese desembolso incluyó también 265 millones adicionales por dos hitos pendientes de la quinta solicitud, que la Comisión ya ha dado por satisfechos.
Toda la atención se concentra ahora en la séptima y última solicitud de desembolso, donde se agrupan los 25.800 millones restantes. El plazo máximo para presentarla es el 30 de septiembre, pero antes hay que superar el corte del 31 de agosto. La maquinaria del Ejecutivo trabaja a marchas forzadas, y fuentes de Moncloa aseguran que el objetivo es «culminar en plazo todas las reformas e inversiones comprometidas y maximizar su impacto sobre el crecimiento, la modernización y la resiliencia de la economía».
Lo que los fondos han dejado hasta ahora: pymes, digitalización y transición verde
Más allá de las cifras pendientes, el plan ya ha dejado una huella visible. Según el Gobierno, dos tercios de la ayuda europea recibida hasta ahora se han destinado a impulsar la transición verde y digital.
El impacto sobre el tejido empresarial es especialmente notable. Un total de 1,5 millones de empresas han recibido fondos Next Generation, y el 68% de ellas son pymes o microempresas. Las cifras concretas son elocuentes: 921.962 pymes y autónomos han accedido al Kit Digital, mientras que 23.429 han utilizado el Kit Consulting para recibir asesoramiento especializado en digitalización. Otros 54.676 negocios se han beneficiado de garantías financieras. Son datos que reflejan un alcance amplio, aunque la valoración de su impacto real a largo plazo sigue siendo objeto de debate.
Después del Plan de Recuperación: el fondo España Crece y los próximos pasos
El final del Plan de Recuperación no significa el fin de la inversión pública a gran escala. El Gobierno ya ha diseñado una herramienta para amortiguar el golpe: el fondo soberano España Crece.
El mecanismo parte de 10.500 millones de fondos europeos para recapitalizar el ICO y dotarlo de mayor capacidad de financiación. Sobre esa base, el objetivo es movilizar hasta 120.000 millones de euros en coinversión público-privada en los próximos años —una apuesta para mantener el ritmo inversor cuando las transferencias directas de Bruselas dejen de llegar—. La meta que se ha fijado el Ejecutivo es superar los 100.000 millones de inyección europea en la economía española entre 2021 y 2026.
Si España logra acreditar los 148 hitos antes del 31 de agosto y presentar la solicitud final antes del 30 de septiembre, esa cifra estará al alcance. Lo que ocurra en estas dos semanas determinará si el país llega a ese umbral o se queda a las puertas de una oportunidad que no se repetirá.