Ocho años en el poder dejan siempre una huella profunda en cualquier gobierno. Pero el inicio de curso que afronta Pedro Sánchez en este otoño de 2026 no tiene parangón en lo que va de legislatura: una crisis territorial en Ceuta aún sin resolver, incendios que han arrasado casi 300.000 hectáreas, un calendario judicial que se estrecha sobre el Ejecutivo y unas elecciones que ya asoman en el horizonte.
Rara vez tantos frentes han estallado a la vez.
Una reentré sin parangón: cuando todo estalla a la vez
Ocho años consecutivos en el poder generan, por sí solos, un desgaste político y social considerable. El problema del Ejecutivo de Sánchez, sin embargo, no es únicamente la fatiga acumulada. Ese desgaste se ha ido amplificando legislatura a legislatura mediante cesiones crecientes al independentismo, una estrategia de polarización con la oposición y un deterioro institucional que encontró su expresión más nítida cuando el propio presidente anunció que gobernaría "con o sin concurso del poder legislativo". Una frase que resume, más allá de la polémica inmediata, una concepción del poder que ha erosionado la confianza de amplios sectores de la sociedad.
A esa fragilidad estructural se suma ahora la coincidencia de varias crisis simultáneas. Los incendios han arrasado cerca de 300.000 hectáreas solo entre enero y mediados de agosto, la situación en Ceuta sigue sin resolverse y un calendario judicial que se estrecha sobre el entorno del Gobierno configura un escenario de presión múltiple e inédita. La debilidad parlamentaria actúa como amplificador: cada crisis pesa más cuando no existe una mayoría sólida capaz de absorber el golpe.
La crisis de Ceuta: mucho más que una emergencia migratoria
El Gobierno ha insistido en enmarcar lo ocurrido en Ceuta como una crisis migratoria. La entrada masiva e irregular de unas 80.000 personas procedentes de Marruecos, con al menos la aquiescencia de las autoridades alauíes, va sin embargo mucho más allá de esa definición. El propio Sánchez habló de "violación de la integridad territorial" de España, aunque atribuyó la responsabilidad a las mafias. Sus palabras no vinieron acompañadas de una respuesta coherente.
La gestión generó una imagen de ausencia. El presidente no interrumpió sus vacaciones en Lanzarote durante semanas, mientras varios ministros se turnaban en la ciudad autónoma sin ofrecer soluciones concretas. No fue hasta el 25 de agosto, casi un mes después del estallido de la crisis, cuando Sánchez convocó el Consejo de Seguridad Nacional y decretó el mando único, algo que Ceuta llevaba reclamando desde el principio.
Hoy permanecen en la ciudad unos 8.000 migrantes, con graves tensiones sociales y una creciente presión sanitaria. La división interna ha sido visible: la ministra de Defensa, Margarita Robles, contradijo públicamente al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al afirmar que el CNI sí advirtió de la amenaza. Marlaska lo negó. El choque no pasó desapercibido ni dentro ni fuera del partido.
El tsunami judicial que se avecina sobre el sanchismo
El curso anterior cerró con dos reveses judiciales de calado: la condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el caso mascarillas y la inhabilitación durante nueve años del hermano del presidente, David Sánchez, por la Audiencia Provincial de Badajoz. Lo que viene puede ser más intenso.
En el horizonte se perfilan seis grandes procesos. El juicio a Begoña Gómez ante un jurado popular, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, arranca en septiembre. A eso se suman el caso Plus Ultra, la trama sobre las supuestas "cloacas" del PSOE y tres ramificaciones del caso Koldo que afectan a la financiación del partido, a contratos de obras públicas y a los coletazos del caso mascarillas.
La acumulación no es solo un problema jurídico. Cada nueva vista, cada nueva revelación, alimenta la narrativa de fin de etapa y complica la relación con unos socios parlamentarios que vigilan de cerca cualquier señal de debilidad.
Presupuestos, deuda autonómica y la baza Puigdemont
Sánchez llega a este otoño sin presupuestos por cuarto año consecutivo. En julio, Junts tumbó la senda de déficit —primer paso imprescindible para elaborar las cuentas públicas— a pesar de que el Gobierno puso sobre la mesa un gasto récord de más de 226.000 millones de euros. El presidente insiste en que presentará proyecto para 2027, pero ya lo prometió para 2026 y no lo cumplió.
Para mantener el apoyo de sus socios, el Ejecutivo maneja dos palancas principales. La condonación de más de 83.000 millones de deuda autonómica y una reforma del sistema de financiación diseñada con Cataluña en mente, aunque presentada como beneficiosa para todas las comunidades de régimen común. Son concesiones de enorme calado que generan tanto adhesiones como rechazo.
El aval del Tribunal de Justicia de la UE a la ley de amnistía abre además la puerta al posible retorno de Carles Puigdemont. Para Junts, esa es una condición política de fondo; para el Gobierno, una carta que puede jugar en la negociación presupuestaria. El decreto de vivienda, aplazado hasta septiembre, añade otro frente: Junts lo rechaza por no proteger a pequeños propietarios, mientras Podemos exige retirar la reforma de la ley del suelo. Los socios piden cosas incompatibles.
2027, el año que lo decide todo
El calendario electoral convierte 2027 en el año que marcará el rumbo del país. El 23 de mayo se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en doce comunidades, incluidas Ceuta y Melilla. Territorios como Madrid, la Comunidad Valenciana, Canarias o Baleares pondrán en juego una parte sustancial del poder territorial. Antes de mediados de agosto, salvo adelanto, llegarán las generales.
Los datos recientes apuntan a un deterioro de las opciones de izquierda frente al bloque conservador, aunque ese bloque aparece fragmentado por el peso electoral de Vox, lo que ha limitado el avance del PP y forzado pactos con Abascal en varias comunidades. PSOE y Sumar, aliados en el Gobierno, compiten por el mismo electorado en un momento en que cada punto de diferencia puede ser decisivo.
Lo que ocurra en los próximos meses determinará en qué condiciones llega cada actor a esa cita. Las negociaciones presupuestarias, los veredictos judiciales, la evolución de Ceuta y la capacidad del Gobierno para mantener su coalición interna son las variables a seguir. El otoño de 2026 no es solo el inicio de un nuevo curso político. Es, probablemente, el tramo en que se decide si Sánchez llega a las urnas con opciones reales o simplemente llega.