El sector musical valenciano cerró 2024 con sus mejores cifras históricas: más de 384 millones de euros aportados al PIB, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Los datos, en apariencia, no podían ser mejores.
Y sin embargo, entre los promotores y organizadores que sostienen esa industria se ha instalado un estado de ánimo que poco tiene que ver con la euforia. Los sold out han dejado de producirse con la facilidad de antes, algunos festivales han desaparecido y la palabra que más se repite en el sector es incertidumbre. La pregunta que nadie termina de responder es si lo que está ocurriendo es una turbulencia pasajera o el inicio de algo más profundo.
Un sector en números récord pero con el ánimo por los suelos
Los datos del IVIE son contundentes: el sector musical valenciano aportó más de 384 millones de euros al PIB en 2024, manteniendo una tendencia de crecimiento que ni la dana logró interrumpir. Son cifras que, en cualquier otro contexto, invitarían a celebrar.
Pero los indicadores macroeconómicos conviven con una realidad muy distinta sobre el terreno. Los promotores describen un ambiente alejado de la euforia, donde los sold out que hace unos años llegaban casi solos han dejado de producirse con esa naturalidad. Las entradas sencillamente no se venden igual.
Joanvi Díez, presidente de Promfest, resume el estado de ánimo con precisión: «Estamos en una situación de incertidumbre absoluta. Incertidumbre para nosotros, para el público, para los proveedores y también en los contratos con los artistas». Nadie sabe con claridad qué viene después.
La sentencia que lo cambió todo en València ciudad
El detonante más visible de la crisis fue una resolución judicial sobre la Ciutat de les Arts i les Ciències que obligó a replantear el modelo de festivales en la capital. De un día para otro, los espacios que habían funcionado durante años dejaron de estar disponibles en las mismas condiciones.
El Bigsound encontró una salida trasladándose a Torrent, lo que demostró que la coordinación institucional puede generar alternativas viables cuando existe voluntad política real. Aun así, la capital valenciana encadena cancelaciones, cambios de sede y problemas sin resolver desde hace demasiado tiempo.
El fondo del conflicto es técnico y legal a la vez. Díez lo explica sin rodeos: «Hablar de 45 decibelios por la noche es prácticamente hablar de silencio absoluto. Es imposible cumplir esos niveles en un espectáculo de música en directo». Con ese límite, cualquier concierto urbano se convierte en un riesgo jurídico.
Luis Óscar García, presidente de FEVIM, matiza el alcance territorial del problema: «Lo que está ocurriendo sucede en la ciudad de València; fuera de ella no pasa. Castellón y Alicante siguen funcionando con bastante normalidad». El conflicto está localizado, aunque su impacto simbólico afecta a toda la industria.
El mercado de festivales en España: ¿el fin de la burbuja?
El problema valenciano no existe en el vacío. En toda España se acumulan festivales cancelados por falta de viabilidad económica, los costes de producción no dejan de subir y los cachés de los artistas se han disparado. El público, además, ya no compra entradas con la misma anticipación que en la etapa post-pandemia.
A eso se suma un fenómeno que drena económicamente a los territorios periféricos: los macroconciertos-experiencia concentrados en Madrid y Barcelona. Cuando un espectador valenciano gasta sus ahorros en un gran evento en la capital, ese dinero no regresa al ecosistema local.
Díez no habla de crisis irreversible, pero sí de un mercado que ha cambiado: «Creo que estamos entrando en un cambio de ciclo. Hay que hacer un análisis interno porque las entradas simplemente ya no se venden igual». García, por su parte, atribuye parte de las cancelaciones al amateurismo. «Hay gente a la que le gusta la música y piensa que montar un festival es sencillo. Luego descubre cuánto cuesta y el proyecto cae», advierte.
Administraciones y sector: un diálogo aún sin respuestas
Los promotores llevan años reclamando lo mismo: un recinto estable para grandes eventos en València con todas las garantías técnicas y legales. La sentencia judicial ha convertido esa petición en urgente.
La Dirección General de Industria Musical, anunciada por Carlos Mazón en julio de 2024, podría haber sido una respuesta institucional relevante. Quedó paralizada tras la dana. García reconoce que «era un proyecto que podía haber supuesto un salto importante para la industria», mientras Díez considera que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente ante la urgencia del momento.
En lo que sí coinciden es en el diagnóstico. «La situación, sencillamente, no es sostenible», afirma Díez. Hacen falta propuestas concretas y ejecutables a corto plazo, no más reuniones.
Reinventar el modelo sin abandonar la música
El proyecto València Music City sigue sobre la mesa como apuesta de largo plazo. Díez lo defiende con convicción, aunque sin ingenuidad: «Tendremos que hablar con los vecinos, con las administraciones, con los políticos y con los técnicos, pero tenemos que creer que es posible». La negociación será larga.
García pone el foco en un riesgo que pasa más desapercibido: el relevo generacional. La media de edad en muchos conciertos es alta y la incorporación de público joven a la música en directo no está garantizada. Sin nuevas audiencias, el crecimiento sostenido de la última década no tiene continuidad posible.
El potencial de la Comunitat Valenciana como territorio musical no está en cuestión. Lo que sí está en juego es el modelo. En los próximos meses se verá si la industria y las administraciones son capaces de construir juntas un marco regulatorio y de infraestructuras que permita seguir creciendo, o si el cambio de ciclo se consolida antes de que nadie haya preparado una respuesta.