Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha emprendido acciones legales en España contra el empresario Víctor de Aldama. La paradoja es difícil de ignorar: una de las figuras más poderosas del chavismo acude a la justicia española —el mismo sistema judicial que investiga la presunta financiación irregular del PSOE— para desmentir a quien la señala como protagonista de una entrega secreta.
En el centro del conflicto hay un sobre confidencial de PDVSA. Aldama asegura que fue la propia Rodríguez quien se lo entregó, y que su contenido documenta operaciones que habrían beneficiado al partido de Pedro Sánchez. Para frenarle, la vicepresidenta venezolana ha confiado el caso al despacho del exjuez Baltasar Garzón.
Un sobre confidencial en el centro del conflicto
El sobre no es un documento menor. Su encabezamiento lo vincula a la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular del Petróleo y a Petróleos de Venezuela S.A. Lleva el sello de PDVSA, la marca «Confidencial», y fue remitido por el ministro Manuel Quevedo Fernández a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Aldama no se limitó a hablar del sobre en televisión. En enero y marzo declaró ante la Audiencia Nacional que fue la propia Rodríguez quien le hizo entrega del documento, y además lo aportó físicamente a la justicia. Según el empresario, el sobre contiene documentación sobre un millonario cupo de petróleo vinculado a la presunta financiación irregular de la Internacional Socialista y del PSOE.
La Guardia Civil ya había rastreado su existencia. La Unidad Central Operativa (UCO) detectó fotografías del sobre al examinar las comunicaciones entre Aldama y su socio Luis Alberto Escolano —imágenes que Escolano le envió en agosto de 2024—. Cuando los agentes registraron el domicilio de Escolano para incautarlo, el sobre ya no estaba.
La querella de Delcy: injurias y el despacho de Garzón
La respuesta de Rodríguez ha llegado por vía judicial en España. Ha presentado en los juzgados de Madrid un escrito de solicitud de conciliación previa a una querella por injurias contra Aldama, con Ilocad como defensa: el despacho del exjuez Baltasar Garzón, con quien la presidenta venezolana mantiene una estrecha relación.
El escrito lo firma el abogado Pedro Javier Díaz Carreño, a quien Rodríguez ha otorgado un poder especial de representación en los tribunales españoles. La estrategia es clara: antes de formalizar la querella penal, se exige que Aldama reconozca que sus afirmaciones son falsas y se retracte públicamente.
La defensa de Rodríguez sostiene que atribuirle la entrega del sobre «tiene un significado y contexto negativo», porque implica una participación en hechos que podrían ser constitutivos de delito. La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid número 50 ha fijado el acto de conciliación para el 16 de julio.
Aldama no cederá: la conciliación, abocada al fracaso
Fuentes cercanas al empresario son contundentes: el acto de conciliación se celebrará sin avenencia. Aldama no se retractará de nada de lo declarado y mantiene que fue Rodríguez quien le entregó el sobre relacionado con la presunta financiación irregular del PSOE.
Su entorno califica la acción legal de «temeraria» y la interpreta como un intento de disuadirle de seguir colaborando con la justicia, en particular en la pieza que permanece bajo secreto sobre pagos en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Si esa es la intención, el efecto hasta ahora ha sido el contrario.
Si no hay acuerdo el 16 de julio, Rodríguez deberá interponer formalmente la querella penal por injurias. Solo entonces un tribunal español se pronunciará sobre si las declaraciones de Aldama son o no constitutivas de delito. Aldama fue condenado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, aunque ha anunciado que continuará colaborando con la justicia en las causas abiertas en la Audiencia Nacional.
El rastro del sobre: de Caracas a los juzgados españoles
La UCO registró el domicilio de Escolano tras detectar las fotografías del sobre en sus comunicaciones. El documento ya no estaba. Los investigadores sospechan que Aldama se lo llevó en una visita previa al registro, aunque eso no ha podido confirmarse.
El empresario acabó entregando el sobre directamente al juez de la Audiencia Nacional, lo que lo convierte en prueba formal dentro del procedimiento conocido como caso Hidrocarburos. Ese caso investiga la corrupción relacionada con los cupos de petróleo venezolano.
Claves del choque judicial entre Venezuela y un empresario condenado
Lo que hace singular este enfrentamiento es su dimensión. Una figura del Gobierno venezolano acude a los tribunales españoles para combatir declaraciones realizadas ante esos mismos tribunales. Es un frente jurídico y diplomático sin precedentes claros.
El entorno de Aldama considera «muy significativo» que Rodríguez haya elegido precisamente el despacho de Garzón. No explican por qué lo consideran relevante, pero la elección no ha pasado desapercibida entre quienes siguen el caso de cerca.
El resultado del proceso marcará el paso siguiente. Si la conciliación fracasa y Rodríguez presenta la querella, un juez español deberá valorar si las declaraciones de Aldama sobre la entrega del sobre son injuriosas o si, por el contrario, tienen respaldo suficiente en las pruebas aportadas a la Audiencia Nacional. Lo que ocurra en esa sala determinará también el peso judicial de todo lo que Aldama ha afirmado sobre la presunta financiación irregular del PSOE a través de los cupos de petróleo venezolano.