En el plenario de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el ministro del Interior español Fernando Grande-Marlaska presentó un dato que pocas naciones pueden exhibir: en veinte años, España pasó de 128 a 37 fallecidos por millón de habitantes en sus carreteras.
Detrás de esa cifra no hay casualidad estadística. Hay decisiones políticas, cambios culturales y, según el propio ministro, la demostración de que las muertes en carretera no son una fatalidad inevitable. El mundo, al menos por un día, estuvo escuchando.
Un problema global que España decidió tratar como evitable
Cada año, más de un millón de personas mueren en las carreteras del mundo. Los siniestros viales figuran entre las principales causas de muerte prevenible a escala global y, sin embargo, durante décadas se asumieron como un coste inherente al progreso y la movilidad.
España llegó al plenario con una posición clara: esa resignación es un error de enfoque. Grande-Marlaska defendió ante la comunidad internacional que la mortalidad vial es un problema abordable mediante políticas públicas ambiciosas y ejecutadas con voluntad real.
Lo que distingue al argumento español es que no descansa en promesas. En dos décadas, el país pasó de registrar una de las tasas de mortalidad más elevadas de Europa a situarse entre las naciones con mejores resultados del mundo. Ese recorrido lo convierte en un caso de estudio difícil de ignorar.
De 128 a 37: dos décadas de transformación en las carreteras españolas
El dato central es contundente: de 128 a 37 fallecidos por millón de habitantes en veinte años. No es una mejora marginal. Es una reducción superior al 70% en una de las métricas más exigentes que puede medir un Estado.
Este descenso no fue gradual ni espontáneo. Responde a una estrategia pública sostenida, con múltiples actores implicados y con continuidad a lo largo de distintos gobiernos y ciclos políticos. No hubo un único punto de inflexión, sino una acumulación de decisiones coherentes en el tiempo.
El resultado sitúa hoy a España entre los países con mejores indicadores de seguridad vial a escala internacional, lo que le otorga autoridad técnica y moral para presentar su modelo ante foros como la Asamblea General de la ONU.
Los tres pilares que sostienen el modelo español
Grande-Marlaska articuló la estrategia española en torno a tres ejes. El primero es situar a las víctimas y sus familias en el centro de la gestión administrativa. Su experiencia no es solo un testimonio doloroso: funciona también como herramienta de sensibilización colectiva y construcción de cultura preventiva.
El segundo es la implicación activa de toda la sociedad civil: administraciones territoriales, empresas privadas, organizaciones del tercer sector y asociaciones de usuarios. La seguridad vial, en el modelo español, no es responsabilidad exclusiva del Estado central.
El tercer eje es el cumplimiento estricto de la legislación mediante mecanismos de vigilancia eficaces. El foco recae sobre los factores de mayor riesgo: alcohol y drogas al volante, excesos de velocidad, distracciones, uso del cinturón y del casco, y reincidencia. Sin control real, las normas no cambian comportamientos.
Medidas recientes y reformas pendientes
Entre los hitos regulatorios más recientes, el ministro destacó dos cambios concretos: el límite de 30 km/h en vías urbanas de un solo carril y la sustitución progresiva de los triángulos de preseñalización por las nuevas balizas conectadas V-16, más visibles y más seguras para quien las coloca.
En el horizonte próximo, el Gobierno prevé reducir la tasa máxima de alcohol permitida al volante hasta los 0,1 miligramos por litro de aire espirado, una de las reformas que el Ejecutivo espera convertir en norma en fechas cercanas.
En el plano internacional, España impulsa también el refuerzo del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial. Grande-Marlaska instó a consolidar compromisos formales en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El mensaje de España al mundo: la ciencia ya sabe lo que hay que hacer
En el panel organizado por la Organización Mundial de la Salud, Grande-Marlaska compartió reflexiones con representantes de Brasil, Reino Unido, Marruecos y Tailandia. El debate giraba en torno a los avances hacia la meta de reducir a la mitad la mortalidad vial para 2030.
El argumento español fue directo: el problema no es la falta de conocimiento técnico. Los factores de riesgo están diagnosticados. El verdadero reto es trasladar la evidencia científica a decisiones políticas firmes, normas vinculantes y cambios culturales efectivos.
Las jornadas concluyeron con una declaración conjunta que apela a los gobiernos a garantizar sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles, en línea con la Agenda 2030. Lo que venga después dependerá de si esa declaración se traduce en acción. España, al menos, ya tiene un camino recorrido que mostrar.