El Congreso de los Diputados cerró el último pleno del curso político antes del verano con un resultado que el Gobierno ya conocía: otro rechazo a su senda de estabilidad y al techo de gasto de más de 226.000 millones de euros proyectado para 2027.
Era la segunda vez en menos de dos semanas. El 14 de julio, la Cámara Baja ya había tumbado la misma propuesta. Este jueves repitió el voto, y el Ejecutivo llega al receso estival sin el aval parlamentario para elaborar unos Presupuestos que, según el propio Gobierno, serían los más expansivos de la historia.
Un Congreso que vuelve a decir no
El resultado del jueves no fue una sorpresa, pero sí una confirmación. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra de la senda de déficit y el techo de gasto; Podemos se abstuvo. Solo los socios habituales del Gobierno respaldaron la propuesta, exactamente como había ocurrido dos semanas antes.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la propuesta desde el hemiciclo. Acusó al PP de «preferir la derrota del Gobierno a contar con más margen fiscal para las comunidades autónomas». El rechazo, según explicó, implica la pérdida de un margen equivalente al 0,1% del PIB para las regiones: unos 5.849 millones de euros entre 2027 y 2029.
Desde el PP, el diputado José Vicente Marí acusó a Hacienda de «hacer perder el tiempo a los españoles» al repetir la misma senda, e instó al Gobierno a convocar elecciones y presentar una propuesta alternativa que busque un acuerdo real.
Las grietas de la coalición parlamentaria
El PP sustenta su rechazo, en parte, en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que señala la necesidad de ajustar 10.000 millones de euros en 2026 para cumplir con el Plan Fiscal de Medio Plazo. Para los populares, la senda presentada no es válida desde el punto de partida.
Junts fue más directo. Su portavoz, Josep Maria Cruset, afirmó que el Gobierno «realmente no quiere presentar Presupuestos» y reclamó el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las fuerzas independentistas. La formación de Puigdemont sigue siendo el principal obstáculo para sacar adelante la propuesta.
ERC votó a favor, pero con una advertencia explícita. Teresa Jordà dejó claro que ese apoyo no equivale a un cheque en blanco: «Si los Presupuestos Generales no respetan los compromisos adquiridos, no contarán con nuestro apoyo». Lo que se perfila es una mayoría de investidura que opera de forma fragmentada, donde sostener la agenda económica del Ejecutivo exige negociaciones caso a caso y el resultado no siempre acompaña.
La quita de deuda autonómica avanza pese a la oposición
En el mismo pleno, el Congreso sí dio luz verde a la tramitación de la condonación de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común. El voto decisivo fue el de Junts, aunque la formación anunció que introducirá sus propias enmiendas al texto.
Las cifras varían considerablemente según la región. Andalucía recibiría la mayor reducción, con 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña (17.104 millones), la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y la Comunidad de Madrid (8.644 millones). En el extremo opuesto, La Rioja y Cantabria verían condonados apenas 448 y 809 millones, respectivamente.
El ministro España presentó la medida como «el kilómetro cero» de la reforma de la financiación autonómica, con fecha ya en el calendario: el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la votará el 29 de julio. El PP rechazó la condonación al considerar que penaliza a las regiones con mejor gestión financiera y premia a las que acumulan mayor deuda en el Fondo de Liquidez Autonómico.
Cien mil autónomos de mutualidades, un paso más cerca de la Seguridad Social
El pleno también cerró un largo proceso legislativo. El Congreso aprobó definitivamente la pasarela que integra a unos 100.000 abogados, procuradores, arquitectos y médicos de mutualidades alternativas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El texto llegó modificado desde el Senado. Los mutualistas ya jubilados —alrededor de 20.000 profesionales— quedan excluidos de la pasarela: no podrán traspasar sus fondos al sistema público ni ver reconocida su pensión pública.
Para quienes sí acceden al RETA, se establecen coeficientes de cotización de entre 0,67 y 0,87 sobre la base mínima. Los profesionales con 52 años o más a 31 de diciembre de 2026 podrán acogerse a la fórmula 1×1, por la que cada mes cotizado en la mutualidad contará como un mes completo en el régimen de autónomos. Aspectos como la posible aplicación del IPC a las aportaciones quedan pendientes de desarrollo.
Un verano político con la agenda económica en el aire
El Ejecutivo afronta el receso estival en una posición compleja. Sin la senda de estabilidad aprobada, la elaboración técnica de los Presupuestos de 2027 queda condicionada. Dos rechazos consecutivos en menos de quince días no son un accidente; son un indicador del estado real de la aritmética parlamentaria.
La siguiente prueba llega antes de las vacaciones. El 29 de julio, el CPFF votará la reforma de la financiación autonómica, y su resultado dirá mucho sobre si el Gobierno puede construir acuerdos estables en materia fiscal o si la fragmentación seguirá marcando el debate económico en otoño.