Durante años, familias y exmiembros de las Hijas del Amor Misericordioso trasladaron al Arzobispado de Madrid denuncias que describían un patrón similar: captación de jóvenes, aislamiento, manipulación psicológica y presuntos abusos sexuales y de conciencia dentro de la comunidad.
Ante la gravedad de las acusaciones, la archidiócesis no optó de inmediato por la medida más drástica. Apostó, en cambio, por una reforma interna: intervino la asociación, apartó a su superiora y nombró una comisaria externa. La entidad tenía un año para demostrar que podía continuar.
Una comunidad bajo sospecha: las denuncias que lo desencadenaron todo
Las alertas llegaron de distintos frentes. Familias de jóvenes integrantes y exmiembros trasladaron al Arzobispado denuncias que describían presuntos abusos sexuales, de conciencia y de poder, junto con prácticas de manipulación psicológica y aislamiento sistemático. A medida que avanzaba la investigación canónica, nuevas denuncias se sumaron al expediente y ampliaron considerablemente su alcance.
Varios de esos jóvenes habrían llegado a la comunidad a través de retiros de evangelización como Effetá y Emaús, encuentros donde las HAM desarrollaban actividades de pastoral juvenil y vocacional. Las familias denunciantes situaban precisamente ahí el inicio de la captación. La comunidad siempre rechazó esa acusación.
La figura señalada de forma central fue la superiora María Milagrosa Pérez Caballero, conocida como Marimí. Su papel en el gobierno de la asociación quedó en el punto de mira desde el primer momento.
El Tribunal de la Rota recomienda la supresión: la Iglesia elige otra vía
En mayo de 2025, el Tribunal de la Rota en España analizó las denuncias presentadas contra Marimí y formuló una recomendación formal: suprimir la asociación. Remitió además al Dicasterio para la Doctrina de la Fe aquellos hechos que consideró de su competencia.
El arzobispo de Madrid no siguió esa recomendación de inmediato. Ordenó primero una visita canónica y, el 28 de julio de 2025, decretó el comisariado e intervención de la asociación: apartó a Marimí del gobierno de la comunidad y nombró una comisaria externa. La apuesta era por la transformación antes que por la disolución.
Un año de intervención sin resultados: el balance que selló el destino de las HAM
Durante doce meses, la archidiócesis aplicó medidas de gobierno, acompañamiento y supervisión pastoral. El esfuerzo fue sostenido. El resultado, negativo. El decreto de supresión concluye que no fue posible garantizar la viabilidad de la entidad ni las condiciones necesarias para que siguiera funcionando como asociación pública de fieles.
Las familias denunciantes no guardaron silencio durante ese período. Reclamaron públicamente que la intervención era insuficiente y sostuvieron que muchos jóvenes seguían expuestos a dinámicas de manipulación dentro de la comunidad. En una carta dirigida al cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, pidieron reforzar el control sobre las HAM o proceder directamente a su supresión. Esa presión, sumada al fracaso de la reforma interna, acabó por inclinar la balanza.
Qué significa perder el reconocimiento canónico
La supresión decretada por el Arzobispado no equivale a la desaparición física del grupo. Sus integrantes pueden seguir viviendo en comunidad si así lo desean. Lo que se pierde es algo distinto: el reconocimiento jurídico como asociación pública de fieles, la figura bajo la que las HAM operaban oficialmente dentro de la Iglesia.
El Arzobispado fue explícito en su comunicado. Subrayó que las antiguas integrantes siguen perteneciendo plenamente a la Iglesia católica y aseguró que continuará ofreciéndoles acompañamiento pastoral y espiritual. La institución cierra el procedimiento, pero no abandona a las personas implicadas.
Un precedente poco habitual en la Iglesia española
La intervención canónica de 2025 ya fue descrita en su momento como una medida poco habitual dentro de la Iglesia española, reflejo de la gravedad percibida del caso. La supresión definitiva va un paso más allá: es una de las respuestas más drásticas que contempla el Derecho Canónico para una asociación de fieles.
El caso de las HAM expone los mecanismos con los que la Iglesia responde internamente a denuncias de abusos en comunidades religiosas, pero también sus límites. Un año de intervención no bastó para sanear la entidad.
Esa constatación deja preguntas abiertas que superan este caso concreto. ¿Con qué herramientas cuenta la Iglesia para supervisar grupos de pastoral juvenil y vocacional que operan con cierta autonomía? ¿Cuándo debe una institución reconocer que la reforma ya no es viable? El proceso de las HAM no ofrece respuestas definitivas, pero sí un recorrido que merece leerse con atención.