Tenía el teléfono cuando cruzó. Lo perdió en el agua, o quizás antes. Ahora está en algún punto del interior de Marruecos, a cientos de kilómetros de su casa, sin dinero y sin forma de avisar a su familia de que sigue vivo.
Su caso no es el único. Más de 70.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta en pocos días. Muchas fueron devueltas. Y algunas de ellas, según denuncian varias ONG que trabajan sobre el terreno, acabaron trasladadas a zonas remotas del país sin medios para regresar ni para pedir ayuda.
Una crisis migratoria sin precedentes en Ceuta
En pocos días, más de 70.000 personas cruzaron hacia Ceuta. Una cifra que desbordó cualquier sistema de acogida previsto y que provocó una respuesta inmediata tanto de las autoridades españolas como marroquíes.
Entre quienes cruzaron había un número significativo de menores. Su situación resulta especialmente delicada desde el punto de vista legal y humanitario, ya que los niños y adolescentes tienen derecho a protecciones específicas que, según varias organizaciones, no siempre se aplicaron.
Las imágenes de los operativos de traslado hacia la frontera marroquí encendieron las alarmas desde el primer momento. En ellas se veía a personas de apariencia muy joven siendo conducidas de regreso.
En Melilla la situación fue menos intensa, aunque igualmente preocupante. Entre el jueves y el viernes de esa semana entraron 1.323 migrantes; 1.063 ya habían sido devueltos a Marruecos. En la ciudad quedaron 260 personas, de las cuales 140 eran menores.
Trasladados a cientos de kilómetros, sin teléfono y sin retorno
ActionAid, en colaboración con la Asociación de Protección de la Infancia y Sensibilización de la Familia (APISF), documentó algo que va más allá de la simple devolución. Los menores no eran dejados en la frontera sino trasladados al interior de Marruecos, a zonas remotas, sin medios para regresar a sus lugares de origen.
Algunos perdieron sus teléfonos al cruzar. Otros los dejaron atrás antes. El resultado es el mismo: días después de ser devueltos, seguían sin poder contactar con sus familias ni avisar de que estaban vivos.
Los afectados no son únicamente jóvenes marroquíes. Entre los trasladados forzosamente hay también personas de Argelia, Túnez y países subsaharianos, según documenta ActionAid.
Oussama Chakkor, experto en migración y movilidad de la organización, lo dice sin rodeos: «No se puede devolver a personas, entre ellas menores, a cientos de kilómetros de su hogar y dar su caso por cerrado». Y añade: «Exigimos que ninguna devolución se ejecute sin verificar que la persona llega a un lugar seguro».
Lo que exigen las ONG: garantías individuales para cada menor
Save the Children envió una carta a los Ministerios de Interior y Defensa exigiendo medidas de protección concretas para todos los menores implicados. La organización alertó sobre las imágenes de los operativos y señaló haber recibido información sobre casos particulares de menores conducidos hasta la frontera.
Su posición en términos legales no admite ambigüedad: cualquier repatriación de un menor debe incluir una evaluación individualizada y atender siempre a su interés superior. Una devolución en bloque no cumple ese requisito.
ActionAid apunta en la misma dirección. Cruzar la frontera en sentido contrario no es garantía suficiente de nada.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) fue un paso más allá y denunció los hechos ante el Fiscal del Rey de Marruecos en Nador. Hasta ahora no ha obtenido ninguna respuesta.
Una práctica que no es nueva: el patrón documentado en Nador
Lo ocurrido en Ceuta no surgió de la nada. Ya en mayo, la AMDH había denunciado que la policía marroquí trasladaba habitualmente a jóvenes que esperaban en Nador para cruzar a Melilla hacia zonas del interior del país.
Saïd Haddad, presidente de la AMDH en Nador, describe traslados a regiones como M’rirt o Jenifra, a cerca de 500 kilómetros al sur, incluso en invierno y con temperaturas extremadamente bajas. Los jóvenes son dejados de noche, lejos de los centros urbanos, sin posibilidad real de pedir ayuda. La asociación denuncia que estas operaciones se ejecutan sin garantías judiciales claras, lo que las convierte en una práctica sistemática y opaca.
El fondo del problema: pobreza, paro y falta de alternativas
Detrás de cada cruce hay una historia de escasez. Las organizaciones que trabajan sobre el terreno señalan la pobreza y el desempleo en Marruecos como factores estructurales que alimentan estas crisis de forma recurrente. Mientras esas condiciones no cambien, los jóvenes seguirán intentándolo.
En Melilla, entre quienes fueron devueltos a Marruecos durante esa semana, al menos 62 personas fueron detenidas, entre ellas dos mujeres. La dimensión penal del tratamiento migratorio añade otra capa de preocupación.
Las ONG coinciden en el diagnóstico: el enfoque policial y securitario no resuelve nada, solo desplaza el problema. Lo que piden es un cambio de fondo que aborde las causas que llevan a los jóvenes a jugarse la vida en el agua.
Sin ese cambio, advierten, episodios como el de Ceuta volverán a repetirse. La pregunta no es si habrá una próxima crisis. Es cuándo llegará, y si para entonces existirá alguna respuesta diferente preparada.
