En la Región de Murcia existe una vía de acceso urgente a plazas residenciales para personas mayores o con discapacidad que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad: sin capacidad de valerse por sí mismas y sin apoyos que les permitan salir adelante. Es la llamada emergencia social, un procedimiento que agiliza el acceso a una residencia cuando la espera ordinaria resulta inviable.
Solo en el primer semestre de 2026 se concedieron 115 plazas por esta vía en la Comunidad. Si el ritmo se mantiene, la cifra anual superaría ampliamente la media de los tres años anteriores, situada en torno a 166 para el ejercicio completo. Y el verano, históricamente el periodo de mayor presión sobre el sistema, aún no ha terminado.
Un mecanismo exprés para las situaciones más extremas
La vía de emergencia social no es un atajo burocrático. Es una respuesta diseñada para quienes no pueden esperar. A diferencia del procedimiento ordinario de dependencia —que exige tener reconocido un grado II o III y soportar listas de espera prolongadas— esta vía permite acceder a una plaza residencial cuando la situación en el domicilio, o en la calle, se ha vuelto insostenible.
Los beneficiarios responden a un perfil concreto: personas sin familia que pueda hacerse cargo, sin recursos económicos suficientes o sin una vivienda en condiciones mínimas. «Hay personas que no tienen familia, que no tienen recursos económicos o que no tienen una vivienda en condiciones para poder desenvolverse», explica Antonia Ibáñez, jefa de sección de Gestión de Centros y Programas de Personas Mayores del IMAS.
El proceso arranca en los servicios sociales municipales. Son los ayuntamientos quienes verifican y documentan la necesidad mediante informes de vulnerabilidad que trasladan al IMAS, organismo que evalúa el caso y determina si se cumplen los requisitos. Después, un equipo especializado aplica un baremo basado en referencias del Imserso para priorizar los casos más graves. Si la puntuación es suficientemente alta, el expediente se marca como urgente.
Las cifras de 2026: un primer semestre sin precedentes
Los números hablan por sí solos. Entre enero y junio de 2026 se concedieron 115 plazas de emergencia social en residencias de la Región de Murcia. En los tres años anteriores, la media para el ejercicio completo fue de 166: 164 en 2025, 179 en 2024 y 154 en 2023.
Si el ritmo del primer semestre se mantiene, 2026 cerraría con una cifra muy superior a cualquiera de esos registros. Hay además un factor que podría acelerar aún más la tendencia.
El verano actúa históricamente como amplificador de la precariedad. «Cuando el calor se hace más intenso, siempre nos llegan más solicitudes. No es que asignemos más plazas, porque eso depende de las bajas que se produzcan, pero sí que nos llegan más, porque muchas situaciones precarias se agudizan cuando las temperaturas son extremas», señala Ibáñez. El verano de 2026 aún no ha concluido.
Por qué sube la demanda: envejecimiento, discapacidad y más eficacia administrativa
Desde el IMAS identifican una combinación de factores detrás del aumento. El crecimiento de la población es uno. Otro es el envejecimiento de un número creciente de personas con discapacidad, que cuentan con una esperanza de vida cada vez mayor. A eso se suma lo que el propio organismo describe como una «mayor eficacia en la aplicación del procedimiento».
Se repite además un itinerario concreto: el hospital como punto de inflexión. Personas mayores que vivían de forma autónoma sufren un ictus o una fractura, ingresan, y al recibir el alta ya no recuperan la autonomía previa. Sin capacidad económica ni red familiar, la emergencia social se convierte en la única salida.
El perfil mayoritario no es el de un nonagenario. Quienes acceden por esta vía suelen ser más jóvenes que los usuarios del sistema de dependencia. «El perfil es un colectivo que llega a partir de los 60 años, con problemas de salud mental y de vida desestructurada, muchas veces personas en situación de calle, deterioradas por alcoholismo o drogodependencia, y también aquellas con enfermedades neurodegenerativas», describe Ibáñez. Son situaciones que no aparecen de golpe: se gestan lentamente hasta volverse insostenibles.
Un sistema al límite: el déficit estructural de plazas en Murcia
Este aumento de la demanda choca contra una realidad estructural conocida. Según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado en enero, la Región de Murcia acumula un déficit de más de 7.500 plazas para alcanzar la ratio de referencia de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años.
La ocupación media en Murcia es del 92,3 %, más de diez puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 82,4 %. La tasa regional es de 1,77 plazas por cada 100 mayores de 65 años, frente a 2,88 de media en España. La Consejería de Política Social cuestiona el indicador utilizado: considera que tomar como referencia a los mayores de 65 años distorsiona la comparación, ya que la edad media en las residencias se sitúa en torno a los 85.
Encontrar una plaza: la búsqueda en municipios alejados y el tiempo limitado
Cuando se reconoce la emergencia, empieza la parte más difícil: encontrar un destino. La plaza se asigna en la primera vacante disponible en cualquier punto de la Región, y esas vacantes raramente aparecen en las grandes áreas urbanas de Murcia, Cartagena o Lorca. Con frecuencia surgen en municipios pequeños como Cieza, Ceutí, Abanilla o Cehegín, donde se concentran algunos de los centros con más plazas concertadas.
La plaza de emergencia tiene además un límite temporal: se concede por un máximo de un año. Transcurrido ese plazo, el IMAS evalúa si la situación persiste, si la persona puede regresar a su entorno con apoyo especializado o si resulta necesario trasladarla a un recurso permanente.
Lo que venga a continuación dependerá de cuántas bajas se produzcan en los próximos meses y de si la administración logra ampliar la oferta de plazas concertadas. Con el verano aún activo y la demanda en niveles inéditos, el sistema afrontará en otoño una prueba que pondrá a examen tanto su capacidad de respuesta como la solidez de las reformas administrativas que, según el IMAS, han contribuido al aumento de concesiones en 2026.