Dos años después de su investidura, Salvador Illa llega al ecuador del mandato con una Cataluña que respira distinto. La estabilidad institucional ha vuelto, los datos económicos acompañan y la Generalitat ha logrado aprobar presupuestos por primera vez desde 2023.
Pero la sensación de alivio no es completa. Entre empresarios, ciudadanos e instituciones se instala una ambivalencia difícil de disimular: el oasis existe, aunque los nubarrones —vivienda, deuda, servicios públicos— no han dejado de crecer en el horizonte.
Estabilidad institucional y motores económicos
El primer logro relevante del Govern de Illa ha sido devolver previsibilidad a las instituciones catalanas. En julio se aprobaron los primeros presupuestos desde 2023, con el respaldo de ERC y los Comunes. Las cuentas contemplan casi 55.000 millones de euros gestionados por la Generalitat, sus empresas y entidades, la cifra más elevada de su historia.
Los datos económicos refuerzan ese impulso. La Cámara de Comercio de Barcelona revisó al alza sus previsiones a finales de julio: el PIB catalán crecerá un 2,5% este año, tres décimas más de lo estimado en mayo. Cataluña superó además, por primera vez, los cuatro millones de afiliados a la Seguridad Social, encadenando cinco meses consecutivos de récords.
El empresariado valora la mayor interlocución con el Govern y la apuesta por atraer inversiones. Aun así, persisten reservas: el aumento de la presión fiscal a cruceristas y el intervencionismo en materia de vivienda generan inquietud en los sectores directamente afectados.
La deuda y el pulso con el Estado por la financiación
El crecimiento económico convive con una deuda que no deja de escalar. A finales de año, el pasivo de la Generalitat rozará los 90.000 millones de euros, un nuevo máximo histórico equivalente al 27,4% del PIB.
Una medida aprobada en julio por el Congreso podría alterar esa fotografía. El Estado asumirá el 20% del pasivo acumulado en el Fondo de Liquidez Autonómica, lo que reduciría la deuda catalana al 22,2% del PIB de materializarse completamente. Esta concesión fue una contrapartida que ERC arrancó a Pedro Sánchez a cambio de apoyar su tercera investidura.
El horizonte fiscal sigue condicionado por otra ausencia: el nuevo modelo de financiación autonómica permanece sin resolver, y eso limita la capacidad de planificación del Govern a medio plazo.
Vivienda e infraestructuras: las asignaturas pendientes
Si hay un tema que concentra el malestar ciudadano, es la vivienda. El barómetro del Govern la sitúa como el principal problema para los catalanes. La respuesta del Ejecutivo ha sido más regulación: topes al alquiler en zonas tensionadas, restricciones a grandes propietarios y nuevas limitaciones al uso de la obra nueva.
Los resultados en términos de oferta son preocupantes. La obra nueva visada por arquitectos en Barcelona cayó un 40% en el primer semestre, y la medida que limitaba las compras de grandes propietarios fue declarada inconstitucional por el Consejo de Garantías Estatutarias, aunque sus dictámenes no son vinculantes.
En infraestructuras el panorama tampoco mejora. La red ferroviaria de ancho ibérico sigue sin recuperar la normalidad desde enero. La inversión estatal ejecutada en Cataluña cayó al 8,6% de las partidas territorializables en 2025, el dato más bajo en diez años.
Malestar social y controversias en los servicios públicos
Los indicadores macroeconómicos son positivos, pero no llegan igual a todos. El porcentaje de catalanes en riesgo de exclusión social alcanzó el 18,9% en 2025, 1,5 puntos más que el año anterior. Por quinto año consecutivo, el PIB por habitante se situó por debajo de la media de la Unión Europea.
El nuevo curso se anuncia tenso. Sanidad y educación afrontan huelgas anunciadas, y la gestión de ambos sectores concentra buena parte de las críticas al Govern. La mayor controversia del verano llegó desde las aulas: Cataluña quedó fuera de la comparativa del informe PISA de la OCDE tras apartar de la evaluación a más alumnos de los permitidos. El Govern lo atribuyó a una «incidencia técnica», pero el episodio dañó la imagen de la consellera de Educación y reabrió el debate sobre la rendición de cuentas en la enseñanza pública.
Un tablero político en plena recomposición
Mientras el Govern gestiona esas tensiones, el mapa político catalán se transforma de forma acelerada. El último barómetro de la Generalitat, publicado en julio, pronostica que el PSC perdería entre cuatro y seis escaños respecto a 2024.
El dato más llamativo es el ascenso de Aliança Catalana. La formación de ultraderecha secesionista podría pasar de dos diputados a entre 23 y 25, captando votantes tanto de Junts como de Vox. Su denominador común no es el modelo territorial, sino la política migratoria.
El futuro de Carles Puigdemont añade otra variable de incertidumbre. El Tribunal Constitucional y el Supremo deben pronunciarse sobre la Ley de Amnistía y su aplicación al expresident. ERC y la CUP descartan cualquier alianza con la extrema derecha, lo que complica la aritmética parlamentaria del independentismo.
Dos años después de su llegada, Illa ha logrado estabilizar las instituciones y acompañar un ciclo económico favorable. Pero la Cataluña que describe este balance es también una sociedad más desigual, con una vivienda inaccesible y unos servicios públicos bajo presión. La pregunta que queda en el aire es si la estabilidad institucional, por sí sola, basta para transformar esa realidad antes de que el tablero político vuelva a moverse.