El Tribunal Supremo ha declarado amnistiados los actos por los que fue condenada Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura del Govern que impulsó el referéndum del 1 de octubre de 2017. Con esta resolución, Serret se convierte en la primera miembro de aquel ejecutivo en ver extinguida su responsabilidad penal al amparo de la ley de amnistía.
Una resolución que marca un antes y un después
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado «amnistiados los actos» por los que fue acusada Serret y ha extinguido la responsabilidad penal que pudiera haber contraído. La decisión no deja margen a la interpretación: Serret queda libre de cualquier consecuencia jurídica derivada de su participación en el referéndum.
Ningún otro miembro de aquel ejecutivo había llegado a este punto antes que ella. Con esta resolución, Serret se convierte en la primera consellera del Govern que impulsó el 1-O en beneficiarse de la ley de amnistía.
El camino lo abrió el recurso de casación que Serret interpuso contra su condena previa. Fue ese recurso el que permitió al Supremo pronunciarse sobre si la ley de amnistía era aplicable a su caso.
La condena que precedió a la amnistía
Para entender el alcance de esta decisión, conviene recordar qué había antes. En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condenó a Serret a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.
El tribunal concluyó que Serret era «perfectamente conocedora» de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían celebrar el referéndum —requerimientos que le fueron notificados personalmente— y que, aun así, los ignoró de forma «consciente y deliberada».
En su alegato, Serret reconoció que no hizo nada para impedir la consulta, justificándolo en sus convicciones sobre el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. El tribunal interpretó esas palabras como un reconocimiento directo del delito. Serret había permanecido tres años en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, y no regresó a España hasta 2021, cuando otros exconsellers con un papel similar ya habían sido condenados solo por desobediencia, no por malversación.
La reacción de ERC: satisfacción y reivindicación
ERC no tardó en celebrar la resolución. El partido la calificó como un aval a su estrategia con la ley de amnistía y aseguró que el Supremo ha hecho «lo que debería haber hecho desde el primer día».
Los republicanos destacaron que la decisión llega menos de dos semanas después del respaldo «contundente» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a esa misma ley, y que ambos pronunciamientos se refuerzan entre sí.
El partido fue más allá de la celebración. Exigió que la amnistía se extienda «inmediatamente» al resto de procedimientos relacionados con el 1-O, reclamó la restauración de los derechos políticos de todos los afectados y pidió que los exiliados puedan regresar. Para ERC, la amnistía de Serret es un primer paso necesario, pero insuficiente: el conflicto entre Cataluña y el Estado debe abordarse «política y democráticamente» y sin represión.
El contexto europeo y el peso del TJUE
La resolución del Supremo no llega en el vacío. Apenas dos semanas antes, el TJUE había avalado de forma contundente la ley de amnistía española, lo que refuerza el marco legal en el que se inscribe la decisión del alto tribunal.
La confluencia de ambos pronunciamientos no es un detalle menor. Cuando el máximo tribunal europeo valida una norma, los tribunales nacionales tienen menos margen para resistirse a su aplicación —algo que ERC señaló de forma explícita en su comunicado. Quedan abiertas, eso sí, preguntas sobre el ritmo: ¿actuará el Supremo con la misma celeridad en los casos restantes, o el de Serret tardará en repetirse?
¿Qué implica esta decisión para los demás encausados del 1-O?
El precedente de Serret traza un camino visible para otros consellers y figuras del procés que aún esperan resolución. La lógica jurídica aplicada a su caso es, en principio, extensible a situaciones similares.
ERC y otras fuerzas independentistas presionan para que la medida alcance a todos los afectados, incluidos quienes permanecen en el exilio. La presión política sobre el Supremo irá en aumento cada semana que pase sin nuevas resoluciones.
Lo que ocurra en los próximos meses será determinante. Si el Supremo aplica la amnistía con rapidez al resto de encausados, el cierre jurídico del procés avanzará de forma significativa; si los plazos se alargan, la tensión política volverá a crecer. El caso Serret ha abierto la puerta. La pregunta es cuántos más cruzarán ese umbral, y cuándo.