Año tras año, las comunidades autónomas destinan una parte creciente de sus presupuestos no a financiar hospitales, escuelas o infraestructuras, sino a pagar los intereses de una deuda acumulada durante años de crisis encadenadas. Con más de 343.000 millones de euros en pasivos, el endeudamiento autonómico lleva tiempo creciendo en silencio.
Ahora, según un informe de Fedea, ese silencio empieza a tener precio: el gasto en intereses de las autonomías casi se triplicará en apenas siete años, hasta rozar los 11.500 millones en 2029. Una factura que no deja de crecer y que amenaza con dejar cada vez menos margen para todo lo demás.
Una deuda que no para de crecer
La deuda pública total de España alcanzó 1,72 billones de euros hasta mayo, según datos del Banco de España. Aunque el Estado concentra la mayor parte de ese pasivo, las comunidades autónomas acumulan más de 343.000 millones, una cifra que supera en 48.000 millones el nivel registrado antes de la pandemia, a finales de 2019.
El crecimiento económico ha permitido reducir el peso relativo de esa deuda sobre el PIB. En términos absolutos, sin embargo, el endeudamiento autonómico sigue en zona de máximos históricos. La diferencia entre ambas lecturas importa: una cosa es el porcentaje, y otra muy distinta la factura real que hay que abonar cada año.
A esto se suma un contexto de notable incertidumbre presupuestaria. Las comunidades autónomas llevan varios años elaborando sus cuentas sin una senda de déficit aprobada y sin nuevos Presupuestos del Estado desde 2023. Planificar a largo plazo en esas condiciones resulta, cuanto menos, complicado.
El coste de financiarse se multiplica: del 1,1% al 3,3%
El problema no es solo cuánta deuda acumulan las autonomías, sino cuánto les cuesta financiarla. Según el informe de Fedea, el tipo medio de interés que deberán afrontar pasará del 1,1% en 2022 al 3,3% en 2029. Multiplicado por cientos de miles de millones en pasivos, ese cambio tiene consecuencias de gran calado.
El mecanismo es directo: cuando vencen emisiones de deuda antigua, contratada en épocas de tipos bajos, las autonomías deben refinanciarlas en un entorno considerablemente más caro. Cada refinanciación eleva la factura de intereses, aunque el volumen total de deuda no aumente de forma significativa.
El gasto en intereses pasará de 3.600 millones de euros en 2022 a 11.528 millones en 2029, un incremento superior al 220%. Fedea advierte además de que este escenario parte de previsiones de crecimiento del PIB del Gobierno que el propio think tank califica de «optimistas». Si la economía crece menos de lo previsto, el cuadro podría ser aún más severo.
Cataluña y Valencia, las regiones más expuestas
No todas las comunidades autónomas enfrentarán este problema con la misma intensidad. Las diferencias dependen del volumen de deuda acumulada y del ritmo al que vencen sus emisiones. Cataluña encabeza el ranking con claridad.
Según las proyecciones de Fedea, la deuda catalana ascendería a 91.413 millones de euros en 2029, con un gasto en intereses de 2.968 millones ese año, casi el triple que en 2022. Un dato adicional añade complejidad política al problema: el Estado español es el principal acreedor de Cataluña, lo que convierte esta relación financiera en algo más que una cuestión meramente contable.
La Comunidad Valenciana sería la segunda región más afectada. Con un pasivo proyectado de 65.999 millones en 2029, sus intereses alcanzarían los 2.080 millones, casi seis veces más que siete años antes. Madrid afrontaría cerca de 1.409 millones, aproximadamente el doble que en 2022, mientras que Andalucía pagaría 1.356 millones, 3,5 veces más que al inicio del periodo analizado.
Servicios públicos en la cuerda floja
Cada euro destinado a pagar intereses es un euro que no va a sanidad, a educación ni a servicios sociales. Fedea lo señala con precisión: los gobiernos regionales se verán obligados a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda. El margen para mantener la calidad de los servicios básicos se estrecha.
El think tank lanza también una advertencia directa a los ejecutivos autonómicos: reducir impuestos de forma significativa o ampliar programas de gasto con baja rentabilidad social puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales. Las promesas electorales tienen un coste que no siempre aparece en los titulares.
El análisis de Fedea tampoco incorpora dos variables que podrían alterar el escenario: la prometida condonación de 83.252 millones de deuda autonómica ni la anunciada reforma del sistema de financiación autonómica. Según cómo se resuelvan, podrían aliviar o agravar la situación. La ausencia de Presupuestos del Estado desde 2023 añade otra capa de incertidumbre a la planificación regional.
Lo que ocurra en los próximos años dependerá de la evolución de los tipos de interés, del ritmo de crecimiento económico y de las decisiones políticas que aún están sobre la mesa. Lo que ya está claro es que el coste de la deuda autonómica dejará de ser silencioso. Para 2029, su impacto sobre los presupuestos regionales será visible, medible y, para muchos ciudadanos, muy tangible.