Cuando Francisco Pérez cofundó el Ivie, en 1990, internet no existía, el euro era una moneda impensable y los teléfonos móviles eran un lujo reservado a unos pocos. Treinta y cinco años después, sigue al frente del mismo centro que ayudó a crear.
En ese tiempo, la economía valenciana ha atravesado burbujas, crisis, una pandemia y una dana. El Ivie las ha documentado todas. Y sin embargo, algunos de los problemas que Pérez identificó hace décadas —financiación insuficiente, baja productividad, inversión pública recortada hasta el límite— permanecen sin resolver.
¿Qué aprende alguien que ha observado todo eso desde dentro?
Tres décadas y media de economía aplicada desde la periferia
El Ivie nació a finales de 1990 como una apuesta conjunta de la Generalitat e investigadores de las universidades de Valencia y Alicante. Pérez había sido director general de Economía en el primer gobierno autonómico, entre 1983 y 1985, y fue uno de los impulsores de la iniciativa. Desde entonces, no ha abandonado la dirección del centro.
Su aportación diferencial ha sido, según él mismo explica, hacer investigación empírica de fuerte base de datos desde Valencia, no desde Madrid ni Barcelona. Esa mirada desde la periferia ha condicionado tanto los temas elegidos como el enfoque con que se analizan.
Uno de los resultados más visibles de ese trabajo son las bases de datos sobre stock de capital, elaboradas junto a la Fundación BBVA y actualizadas cada año. Más de mil trabajos de investigación las citan. Son referencia internacional en análisis de productividad y capital público, y Pérez subraya que ese corpus no solo sirve al Ivie, sino a investigadores de todo el mundo.
El centro también ha asumido un papel explícito de transferencia del conocimiento. Sus informes están diseñados para llegar a la sociedad y a los responsables políticos, no únicamente a las revistas académicas. «Hacemos explícitamente un trabajo de transferencia del conocimiento», señala Pérez.
Una economía dinámica pero con una renta per cápita que se aleja de la media
Cuando el Ivie comenzó a trabajar, la Comunitat Valenciana se situaba cerca de la media española en renta per cápita. Hoy está 15 puntos por debajo. El dinamismo económico existe, pero no se traduce en convergencia.
La productividad valenciana se mantiene entre 6 y 7 puntos por debajo de la media española, sin señales de mejora. Pérez advierte que España tampoco destaca especialmente en este indicador, lo que hace la brecha valenciana aún más significativa.
El crecimiento demográfico actúa como factor neutralizador. La Comunitat Valenciana suma unos 100.000 nuevos habitantes al año, y cuando el ritmo de crecimiento económico y el demográfico son similares, la renta por habitante no mejora aunque la economía avance en términos absolutos.
La estructura productiva explica buena parte del problema. El comercio y el turismo tienen un peso muy elevado, y no son sectores de alta productividad. Las actividades intensivas en conocimiento y nuevas tecnologías —donde la productividad sí es alta— representan una proporción menor que en Madrid, el País Vasco o Cataluña. Pérez entiende la incredulidad de algunos empresarios ante estos datos: su entorno inmediato puede ser eficiente y competitivo. El problema, insiste, es de proporciones.
La reforma de la financiación: un punto de partida razonable con carencias importantes
La propuesta del Gobierno moviliza cerca de 21.000 millones de euros en 2027 y elimina el Fondo de Suficiencia, que el Ivie considera uno de los elementos más distorsionadores del modelo actual. Para la Comunitat Valenciana, ese fondo ha funcionado de forma perversa: le ha hecho devolver recursos que, según los indicadores de necesidad, le correspondían.
Los nuevos fondos de nivelación horizontal y vertical van en la dirección correcta. El primero redistribuye el 75% de la capacidad fiscal según población ajustada; el segundo reduce la distancia entre la comunidad con mayor capacidad fiscal —Madrid— y el resto. Pérez los valora como un punto de partida razonable para discutir cuánta nivelación se quiere.
La propuesta incluye, sin embargo, otros fondos de lógica más discutible. Dos de ellos benefician de forma desproporcionada a Cataluña. Un tercero garantiza que ninguna comunidad pierda en términos absolutos, lo que preserva el statu quo y limita los cambios en las posiciones relativas. Las diferencias de financiación entre comunidades de régimen común llegan al 30%; con las forales, al 70%. «Aquí hay más de un Estado de bienestar», afirma Pérez. Y la propuesta no aborda la condonación de la deuda generada por la infrafinanciación, una reivindicación que él considera plenamente justificada.
La vivienda y los servicios públicos, bajo presión demográfica
En la última década se crearon 900.000 hogares en España, pero solo se construyeron 450.000 viviendas. La brecha acumulada tardará años en corregirse, porque los procesos administrativos y la capacidad productiva del sector no permiten respuestas rápidas.
La presión se concentra en quienes menos pueden absorberla. Los jóvenes, los inmigrantes y los hogares monoparentales son los colectivos más expuestos a la tensión del mercado de alquiler. Un hogar con un solo sustentador no tiene el mismo margen que uno con dos ingresos.
España tiene menos de la mitad de vivienda pública que la media europea. Las administraciones han fallado en construir un parque de alquiler social permanente, y Pérez señala que la solución no puede ser puntual: tiene que ser vivienda pública de alquiler estable, que permita dar respuesta a quienes la necesiten en cada momento.
Los servicios públicos afrontan un reto similar. Absorber 100.000 nuevos demandantes al año en la Comunitat Valenciana requiere no solo más recursos, sino programación e inversión sostenida. Y la inversión pública, recuerda Pérez, lleva años siendo la variable de ajuste preferida cuando los ingresos caen.
La Dana y la herencia de una inversión pública recortada al límite
El Ivie estimó que la destrucción de activos provocada por la Dana no fue inferior a 17.000 millones de euros. Pérez insiste en que el PIB no es la variable más relevante para medir ese impacto: lo que importa es cuánto capital físico desapareció, concentrado además en zonas muy concretas.
Antes de la gran recesión, la inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia rondaba los 200-250 millones anuales. Con la crisis cayó un 60%, hasta situarse en torno a 100 millones, y ahí se mantuvo. Esa inversión no cubría ni siquiera el umbral de reposición, es decir, el mantenimiento del stock existente.
La recuperación tras la Dana está siendo heterogénea. Algunas empresas reaccionaron con rapidez; otras no han vuelto a abrir. Algunos municipios han recuperado servicios básicos, mientras otros siguen desbordados un año y medio después, con problemas de alcantarillado, infraestructuras y capacidad de gestión que se acumulan.
Lo que revelan 35 años de diagnósticos incómodos
Pérez reconoce que tiende al optimismo. La Comunitat Valenciana es hoy mucho más desarrollada que cuando el Ivie empezó a trabajar: el capital humano ha crecido de forma notable, hay empresas dinámicas y competitivas con productividad por encima de la media.
Pero los grandes problemas estructurales que identificó hace décadas siguen ahí. La financiación insuficiente. La baja productividad media. La inversión pública que no cubre el mantenimiento de lo ya construido. La vivienda que no crece al ritmo de los hogares. Ninguno ha desaparecido; algunos se han agravado.
La pregunta más incómoda que deja su trayectoria no es técnica, sino política: ¿cuántos años más pueden convivir los diagnósticos sólidos con la ausencia de soluciones? Pérez lleva 35 años aportando evidencia. La evidencia, al menos, ya no se discute. Lo que sigue pendiente es la voluntad de actuar sobre ella.