«Se decidió entre todos que era mejor no alegar nada, dado que era ‘complicado’ justificar algo alegal.» Esa frase no aparece en ningún acta oficial ni en ninguna declaración pública. La escribió el jefe de compras del Servicio Murciano de Salud en un correo electrónico interno, y la Policía la intervino.
El mensaje forma parte de una cadena de correos que, según un informe de la UDEF remitido al tribunal, revela cómo responsables del SMS acordaron en privado ignorar las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre contratos adjudicados sin licitación. El presunto fraude en la compra de material sanitario asciende a 6,9 millones de euros.
El correo que lo dice todo: ‘mejor no alegar nada’
Todo arrancó de una consulta rutinaria. El 23 de noviembre de 2023, la responsable de la Sección de Suministros del Área de Salud de Cartagena escribió al jefe de la Unidad de Aprovisionamiento para preguntar si se respondería al Tribunal de Cuentas sobre una incidencia en contratos recibidos sin cobertura contractual. También quería saber si se alegaría algo de forma centralizada, ya que el problema afectaba a todas las áreas.
La respuesta llegó el 1 de diciembre. V. F. G., jefe de la UAI, fue directo: cuando la situación se planteó años atrás, «se decidió entre todos que era mejor no alegar nada». La razón, en sus propias palabras, era que resultaba «complicado» justificar algo que él mismo calificó de «alegal».
El correo no circuló solo entre técnicos. V. F. G. lo envió con copia al subdirector general de Asuntos Económicos y a Jorge García Montoro, entonces secretario general técnico del SMS y hoy consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. Horas después, el subdirector respondió ratificando la postura y añadiendo una advertencia: era probable que el Tribunal de Cuentas los «retratara» en su próximo informe sobre La Arrixaca.
Contratos sin licitación: un procedimiento ‘excepcional’ convertido en norma
Los contratos Sin Procedimiento de Licitación son, en principio, un mecanismo legal. Están previstos para situaciones excepcionales en las que, siendo obligatorio un expediente de contratación, se necesita formalizar pedidos y tramitar pagos por el tiempo estrictamente indispensable. La ley los concibe como una válvula de emergencia, no como un método ordinario de compra.
El problema es que en el SMS dejaron de ser excepcionales hace mucho tiempo. Ya en 2022, el Tribunal de Cuentas advirtió en un informe de fiscalización que «dichos supuestos excepcionales no se respetan», porque el uso de esta figura «no ha sido puntual ni excepcional» y que en algunos casos se venía utilizando un SPL desde hacía más de quince años.
Las consecuencias económicas son notables. La UDEF detectó sobrecostes de hasta el 1.287% en la compra de prótesis, fungibles y otros productos entre 2018 y 2025. Según la Policía, la ausencia de licitaciones públicas habría permitido negociaciones directas y arbitrarias con Logimed, la principal empresa investigada, creando de facto una situación de monopolio que impedía la libre concurrencia de otros proveedores.
Más de quince años de irregularidades y tres gobiernos
Las anomalías no son recientes. El sumario sitúa su origen hace más de quince años, lo que significa que se prolongaron durante las etapas de gobierno de Ramón Luis Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez y el actual ejecutivo de Fernando López Miras. La Policía menciona en el sumario a varios cargos y excargos directivos del SMS en relación con estas irregularidades.
El contexto financiero agrava el cuadro. El SMS acumulaba un déficit de 3.724 millones de euros al cierre de 2023. Sobre esa base ya deteriorada, los sobrecostes derivados de contratos sin licitación habrían ampliado aún más el agujero. La investigación arrancó en la primavera de 2024, cuando la Inspección de la Consejería de Salud detectó un desfase presupuestario en el Hospital La Arrixaca, punto de partida del caso que hoy ocupa a los tribunales.
Ayala: de desconocerlo a ordenar un plan que nunca llegó
La UDEF concluye que Isabel Ayala, directora gerente del SMS desde mayo de 2023, no tenía conocimiento de la magnitud de los contratos SPL hasta octubre de ese año. Cuando lo descubrió, su reacción fue negativa. El 28 de octubre escribió al jefe de la UAI: «Habría que establecer un plan para cambiar esto y evitar tantas compras por SPL».
La orden quedó en eso. Pese a la instrucción expresa de la directora gerente, los cambios reales fueron mínimos: solo dos funcionarios de la central de compras fueron apartados de sus funciones. Ayala fue nombrada posteriormente consejera de Salud, y la oposición utiliza ese ascenso como argumento central para exigir su cese, reprochando la falta de controles y la ausencia de medidas efectivas.
La respuesta política: López Miras descarta dimitir
El pasado jueves, en la Asamblea Regional, López Miras rechazó de forma tajante cualquier responsabilidad política que justifique su dimisión. Su argumento fue claro: «Todos, absolutamente todos los responsables están identificados y ninguno es un cargo político del Partido Popular». Subrayó además que fue el propio SMS quien detectó las irregularidades y las comunicó a la Fiscalía.
La oposición no comparte esa lectura. Tanto el PSOE como Podemos-IU-Alianza Verde le reprocharon la falta de controles internos y, sobre todo, el nombramiento de Ayala como consejera de Salud después de que los problemas ya eran conocidos. La paradoja no pasa desapercibida: la Comunidad Autónoma figura en el sumario como perjudicada, mientras su presidente defiende la gestión de su gobierno.
La causa judicial sigue abierta. La UDEF ha remitido su informe al tribunal y las diligencias continúan. Lo que reste por desvelar —quiénes tomaron decisiones, en qué momento y con qué conocimiento— dependerá de lo que el proceso judicial vaya sacando a la luz en los próximos meses.