El presidente y el consejero delegado de Plus Ultra han dimitido después de reconocer por escrito ante la Audiencia Nacional que la aerolínea pagó 530.000 euros en comisiones encubiertas vinculadas al préstamo público que recibió durante la pandemia.
Las dimisiones de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli llegan mientras ambos permanecen investigados en el marco de una causa que la Fiscalía Anticorrupción lleva más de un año instruyendo sobre cómo se gestionó ese rescate con dinero del Estado.
Dos dimisiones que llegan tras una confesión escrita
Julio Martínez Sola y Roberto Roselli presentaron su renuncia de forma simultánea. No es una salida estratégica ni personal. Ambos habían reconocido previamente, en escritos formales ante la Audiencia Nacional, que la aerolínea pagó comisiones irregulares vinculadas al préstamo público recibido durante la pandemia.
El relevo al frente de la compañía recaerá en Hugo Castaño, accionista minoritario de Plus Ultra, quien asumirá un cargo unificado de presidente ejecutivo que agrupará las funciones que hasta ahora desempeñaban Martínez Sola y Roselli por separado. Ese nombramiento no es inmediato: exige la aprobación expresa de la SEPI, organismo que mantiene un papel de supervisión sobre la aerolínea desde que esta recibió financiación pública.
El préstamo de 53 millones y la comisión del 1 %
Plus Ultra recibió 53 millones de euros de la SEPI durante la pandemia en forma de préstamo de rescate. Lo que se investiga no es el préstamo en sí, sino lo que ocurrió alrededor de su concesión.
La aerolínea suscribió un contrato con Idella Consulenza, empresa propiedad de Julio Martínez Martínez, que estipulaba el pago del 1 % del total obtenido, más IVA, en concepto de labores de «acompañamiento» ante la SEPI. El propio Martínez Sola reconoció en su escrito que esa remuneración estaba vinculada directamente al resultado del procedimiento: si la aerolínea no obtenía el préstamo, no había pago; si lo obtenía, la comisión se activaba de forma automática.
Ese mecanismo es precisamente el que ha llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción. Una comisión condicionada al éxito de una operación con dinero público plantea preguntas difíciles sobre quién se beneficia realmente de los rescates estatales.
Un entramado de sociedades para distribuir los pagos
Los 530.000 euros no se transfirieron a una sola cuenta. Según el escrito de Martínez Sola, el importe se repartió entre tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez: Análisis Relevante S.L. recibió 249.000 euros, Voli Analítica S.L. cobró 98.617 euros e IOT Domotic Europe S.L. ingresó 110.799 euros.
A esas cantidades se suman pagos en especie. Martínez Martínez solicitó y no abonó hasta 46 vuelos en clase business, cuyo valor, sumado a los pagos monetarios, completa el total de 530.000 euros, equivalente al 1 % de los 53 millones del rescate.
Dispersar los importes entre varias empresas dificulta la trazabilidad del dinero. Los investigadores consideran esa estructura un elemento relevante, ya que podría ser indicativa de una intención de ocultar el origen o el destino real de los fondos.
Más de un año de investigación y una detención que marcó un antes y un después
La investigación no es reciente. La UDEF, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, lleva más de un año construyendo el expediente que finalmente derivó en una actuación policial directa.
En diciembre de 2025, Martínez Sola y Roselli fueron detenidos. Quedaron posteriormente en libertad, pero la detención supuso un punto de inflexión: el proceso judicial se aceleró y la presión sobre los responsables de la aerolínea aumentó de forma notable. Fue ese contexto el que precedió a los escritos ante la Audiencia Nacional en los que ambos reconocieron los hechos, y ese reconocimiento el que, a su vez, precipitó las dimisiones.
Qué ocurre ahora con Plus Ultra y el dinero público
El caso sigue abierto. La Audiencia Nacional continúa instruyendo la causa, y quedan pendientes preguntas de peso: qué responsabilidades penales podrían derivarse para los implicados y qué ocurre con los 53 millones del préstamo público.
La SEPI mantiene su papel de supervisión. Que el nombramiento del nuevo presidente ejecutivo requiera su visto bueno refleja que el Estado no ha desaparecido del cuadro; sigue siendo un actor con capacidad real de decisión sobre el futuro de la compañía.
Lo que viene ahora es una etapa de incertidumbre. La aerolínea tendrá que operar bajo un nuevo liderazgo, con un proceso judicial en curso y con las instituciones públicas observando cada movimiento. Qué determine finalmente la justicia, y cómo gestione Plus Ultra esa transición, son las dos variables que marcarán su futuro próximo.