En julio, llenar el depósito o hacer la compra semanal volvió a costar más de lo esperado en España. El IPC alcanzó el 3,6% interanual —su nivel más alto desde mayo de 2024—, una décima por encima de lo que los analistas habían anticipado. No es un dato aislado: los precios llevan meses escalando con una persistencia que empieza a pesar en la economía doméstica de millones de familias.
Un dato peor de lo previsto: el IPC de julio sorprende al alza
El Instituto Nacional de Estadística confirmó lo que los analistas temían: el dato adelantado de inflación de julio se quedó corto. El IPC cerró el mes en el 3,6% interanual, cuatro décimas por encima de junio y una décima más de lo que la estimación preliminar había calculado. Es la tasa más alta desde mayo de 2024, con una subida mensual del 0,3%.
El dato revisado empeoró una cifra adelantada que ya era negativa de por sí. La CEOE advirtió además de que, sin las ayudas del Gobierno, el IPC habría llegado al 4,1%. Las medidas de contención amortiguan el golpe, aunque no lo suficiente como para tranquilizar a nadie.
Energía, el motor de la escalada de precios
Los responsables del alza son conocidos. Los combustibles líquidos se dispararon un 31,5% interanual, con subidas del 15,7% en el gasóleo y del 7,3% en la gasolina. La electricidad encareció un 8,4%, impulsada en parte por la retirada gradual de las bonificaciones fiscales del Gobierno: el IVA de la luz y el gas regresó al 21% desde el 10% anterior.
Detrás de esta presión energética hay un factor geopolítico de fondo. El conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz llevan más de cinco meses tensando los mercados energéticos globales, encareciendo materias primas y complicando el flujo comercial internacional.
La escalada del gasóleo en julio tiene además una consecuencia directa y automática: activará la cláusula de salvaguarda del decreto anticrisis del Ejecutivo, lo que elevará las ayudas a este combustible a partir de septiembre.
Cinco meses consecutivos: los salarios no logran alcanzar al IPC
Este es el quinto mes seguido en que la inflación crece por encima de los salarios. La subida salarial media pactada en convenio se situó en el 3,02%, frente al 3,6% del IPC de julio. Seis décimas de diferencia pueden parecer menores, pero su acumulación mes a mes representa una pérdida real de poder adquisitivo para millones de trabajadores.
La Asociación Española de Consumidores no tardó en reaccionar: en un comunicado, criticó la «inactividad del Gobierno» y le exigió adoptar medidas urgentes para evitar que la inflación alcance el 4%.
Los sindicatos también alzaron la voz. CCOO y UGT reclamaron una revisión inmediata del Salario Mínimo Interprofesional, que subió un 3,1% para 2026, por debajo del IPC actual. Ambas organizaciones pidieron elevar las alzas salariales en las mesas de negociación colectiva aún pendientes a una franja de entre el 4% y el 7%.
El contagio llega a toda la cesta de la compra
La energía no actúa sola. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, subió al 3% en julio, una décima más que en junio. Ese avance refleja un efecto de contagio que ya alcanza la parte más estructural del IPC.
Algunos servicios concentran los mayores incrementos: los hoteles se encarecieron un 9,9%; los seguros de salud, un 8,9%; los ordenadores y tabletas, un 6,7%; los restaurantes y cafés, un 4,4%.
En la alimentación el panorama es desigual. Los alimentos subieron en conjunto solo un 1,7%, pero los productos esenciales cuentan otra historia: los cítricos frescos se dispararon un 15,5%, las bayas frescas un 17,2% y los huevos un 13,4%. Son cifras que pesan en la compra diaria de cualquier familia.
España, a la cabeza de Europa: el coste en competitividad y cuentas públicas
El problema trasciende lo doméstico. El IPC armonizado español, el indicador comparable entre países de la Unión Europea, alcanzó el 3,9% en julio, mientras Alemania registró el 2,8%. Esa diferencia de 1,1 puntos coloca a España como la economía con mayor inflación entre los principales países europeos.
Una inflación más alta que la de los socios comunitarios deteriora la competitividad de las exportaciones. Producir en España resulta relativamente más caro, y eso acaba trasladándose a los precios de los bienes que el país vende al exterior.
Las cuentas públicas también acusan el impacto. Un IPC del 3,6% o superior dispara automáticamente el gasto en pensiones y en salarios de funcionarios, cuya actualización está ligada a la evolución de los precios. La nueva espiral inflacionista añade presión a las mesas de negociación colectiva del sector privado que aún no han cerrado acuerdo.
Qué vigilar en los próximos meses
El escenario que dibuja julio no invita al optimismo a corto plazo. Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga y el bloqueo del estrecho de Ormuz continúa, la presión energética difícilmente remitirá antes de que acabe el año. La clave estará en si el Gobierno activa nuevas medidas de contención antes de que la inflación supere el umbral del 4%.
Las próximas rondas de negociación colectiva serán, en paralelo, un termómetro crucial. Si los salarios no logran acercarse al IPC real, la pérdida de poder adquisitivo seguirá acumulándose —y con ella, la presión sobre el consumo privado, uno de los principales motores del crecimiento español.