Eran las primeras semanas de Mercedes Zarzalejo al frente de la Consejería de Educación de Madrid. Había llegado por sorpresa al cargo y, casi sin tiempo para instalarse, ya tenía el calendario lleno: reuniones con rectores universitarios mañana, tarde y noche, una a una, mientras negociaba en paralelo con Hacienda. Las horas de sueño podían contarse con los dedos de una mano.
El otoño, mientras tanto, empezaba a dibujarse turbulento.
Un aterrizaje sin margen de error
Zarzalejo no llegó a la Consejería como una desconocida. Durante los cuatro meses anteriores había ejercido como viceconsejera y ya participaba en las reuniones con los rectores sobre el modelo de financiación. Conocía el terreno. Pero conocer el terreno no es lo mismo que tener el mando, y cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso le comunicó su nuevo cargo, ella ya sabía cuál sería su primera batalla.
Desde el primer día, el acuerdo de financiación de las seis universidades públicas madrileñas se convirtió en su prioridad absoluta. Su agenda, durante dos semanas, fue una sola cosa repetida en bucle: rectores, mañana, tarde y noche, uno a uno. Al mismo tiempo negociaba con la Consejería de Hacienda. Las horas libres no existían.
El resultado fue un acuerdo cerrado con pleno consenso. El modelo es plurianual y flexible, con horizonte hasta 2031. Los rectores pedían seguridad, capacidad de planificación y reconocimiento de la situación particular de cada universidad. Zarzalejo escuchó y negoció. En dos semanas quedó firmado lo que llevaba años sin resolverse.
Qué contiene el acuerdo histórico de financiación universitaria
El núcleo del acuerdo es su flexibilidad. No impone un modelo único para todas las universidades, sino que reconoce que cada institución tiene necesidades distintas. Esa era una de las exigencias principales de los rectores, y la consejera la tomó como punto de partida.
En materia salarial, el modelo trabaja sobre una previsión de incremento del 3,5 %. Ese porcentaje no es rígido: puede subir o bajar según la evolución real. Zarzalejo subraya que ya se han abonado todos los fondos repartidos a las universidades, algo que considera una señal de seriedad institucional.
La oposición ha cuestionado que el acuerdo no alcance el 1 % anual comprometido. La consejera responde con un argumento directo: los rectores están tranquilos. «Nada es suficiente y todo el mundo quiere más», reconoce, pero defiende que el modelo aporta lo que las universidades necesitaban: previsibilidad.
Sobre la legislación universitaria, Zarzalejo ha decidido aparcar la Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid, conocida como Lesuc, por considerarla difícil de aplicar tal como está planteada. Prioriza en su lugar una nueva Ley de Ciencia, dado que la normativa vigente data de 1998.
La huelga de otoño: ¿reivindicación laboral o maniobra política?
CCOO y UGT han convocado una gran huelga educativa en Madrid para octubre. El calendario no es casual: el próximo año habrá elecciones políticas y, en diciembre, elecciones sindicales. Zarzalejo no oculta su lectura del momento.
«La huelga obedece a instrucciones del presidente del Gobierno», afirma. Según ella, el objetivo es «reventar Madrid» y desviar la atención de los problemas nacionales. Son palabras duras, aunque las acompaña de datos concretos: la Comunidad lleva años reduciendo ratios en todas las etapas obligatorias y va dos años por delante de la propuesta ministerial. El año pasado, esos mismos sindicatos firmaron un acuerdo sectorial que, según Zarzalejo, se está cumpliendo.
Entre las exigencias sindicales figura la eliminación del programa bilingüe. Eso, para la consejera, es una línea roja. Lo mismo ocurre con la FP Dual. Ambos modelos forman parte del éxito del sistema educativo madrileño y no están sobre la mesa de negociación.
El calor en las aulas y la guerra de competencias
El debate sobre la climatización escolar ha sido otro frente abierto este verano. La Comunidad de Madrid cifra en más de 80 millones de euros la inversión realizada, con actuaciones en más del 70 % de los centros sostenidos con fondos públicos. Zarzalejo anuncia una nueva inyección de 30 millones en el presupuesto de 2027 para continuar las obras.
El problema, según ella, no es solo presupuestario. El Ministerio prometió 200 millones para climatización en toda España. «De esos 200 no ha llegado más que el anuncio», dice. La consejera no espera ese dinero. Planifica sin él.
La polémica por las palabras de un consejero compañero, que describió el calor como fuente de «inspiración», añadió ruido al debate. Zarzalejo lo relativiza: fue un comentario espontáneo en un momento de tensión parlamentaria. Reconoce, eso sí, que le pidió disculpas en privado.
El expediente Begoña Gómez y la memoria de una comisión parlamentaria
Antes de ser consejera, Zarzalejo fue portavoz de Universidades en la Asamblea de Madrid. Ese cargo le dio un protagonismo inesperado cuando interrogó a Begoña Gómez en la comisión que investigó su cátedra en la Universidad Complutense. Aquello ocurrió hace casi dos años.
Hace pocas semanas, el juez abrió juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos. Zarzalejo recuerda ese momento con una frase precisa: «Veo hoy las noticias y pienso: ‘Esto ya lo sabíamos'». Barrabés, los contratos de la SEPI, la plataforma tecnológica. Todo lo que entonces se denunció, dice, se ha confirmado.
Ese historial le otorga una posición singular en el debate político-educativo. La consejera que negoció un acuerdo de financiación universitaria en dos semanas es también quien interrogó a Begoña Gómez ante una comisión parlamentaria. Las dos trayectorias convergen en el curso que está a punto de comenzar: una huelga convocada, un presupuesto en construcción y un año electoral que ya empieza a calentar el ambiente. Lo que haga Zarzalejo en los próximos meses dirá si su aterrizaje fue solo un buen comienzo o el inicio de algo más duradero.
