España lleva meses atrapada en un debate que no termina de resolverse. Las bajas laborales por incapacidad temporal han alcanzado cifras récord y, según a quién se escuche, la culpa es de los trabajadores, del sistema o de algo que aún no se ha nombrado con precisión. La patronal insiste en hablar de absentismo. Los sindicatos lo rechazan. Y los datos, mientras tanto, apuntan en una dirección distinta.
¿Es esto un problema de actitud colectiva o hay causas más profundas que el debate público todavía no ha situado en el centro?
El término que irrita al secretario de Estado
Cuando los empresarios hablan de «absentismo», Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social, no oculta su malestar. Para él, el término es directamente incorrecto. El absentismo implica ausencias injustificadas, y eso, dice, «ha habido siempre, pero tiene una importancia muy limitada». Emplearlo para describir el récord de bajas actuales es, a su juicio, confundir el diagnóstico y, con él, las soluciones.
Lo que ha crecido desde la pandemia es otra cosa: el número de procesos de incapacidad temporal reconocidos médicamente. No son trabajadores que deciden no presentarse. Son trabajadores con una baja firmada por un médico. El fenómeno, además, no es exclusivo de España. Suárez lo señala con claridad: el incremento de las incapacidades temporales es una tendencia global postpandemia. Atribuirlo a una supuesta cultura del escaqueo español resulta, además de inexacto, profundamente injusto.
La sanidad pública, en el centro del problema
Si no es absentismo, ¿qué es? La respuesta de Suárez apunta directamente a la saturación del sistema sanitario público. Las bajas duran más tiempo que antes, no porque haya más enfermos en términos proporcionales, sino porque los trabajadores tardan más en ser atendidos y, por tanto, más en recibir el alta. Un sistema de salud bajo presión ralentiza los procesos de recuperación, y el resultado es que cada proceso se extiende más de lo que debería.
El segundo factor es el crecimiento de las patologías mentales tras el covid. Este dato, que Suárez afirma haber analizado conjuntamente con empresarios y sindicatos, representa un cambio estructural en el tipo de enfermedad que origina las bajas. Ese cambio exige respuestas distintas a las del pasado.
La propuesta empresarial que el Gobierno llama «estrambótica»
Ante este escenario, la CEOE ha planteado una solución: que sea la Seguridad Social quien asuma el coste de las bajas desde el primer día, liberando a las empresas de esa carga económica. Suárez no se muerde la lengua: la califica de «estrambótica», aunque añade que lo dice «con todo el cariño y todo el respeto».
Su argumento tiene dos frentes. El esquema actual de implicación empresarial en los procesos de incapacidad temporal lleva más de treinta años consolidado en España —no es ninguna anomalía reciente—. Y España ya se sitúa entre los países donde las empresas contribuyen menos a la financiación de estas bajas en comparación con su entorno europeo. Para el Gobierno, la solución no pasa por trasladar el coste al sistema público, sino por mejorar la coordinación entre todos los actores que intervienen en la gestión de la incapacidad temporal.
Salud mental y mercado laboral: una relación que no puede ignorarse
El incremento de los diagnósticos relacionados con la salud mental es la variable que más ha crecido en las bajas desde 2020. Ansiedad, depresión, agotamiento. Patologías que existían antes, pero que la pandemia amplificó y que el sistema sanitario —ya saturado— no siempre puede atender con la rapidez necesaria. Esto va mucho más allá de la gestión administrativa: plantea un reto sistémico que conecta la salud pública, las condiciones laborales y el bienestar colectivo.
La reforma laboral de 2021 redujo la temporalidad de forma notable —el 80% de los menores de treinta años tiene ahora contrato indefinido, frente al 40% anterior—, pero esa mejora estructural no ha frenado el aumento de las bajas por salud mental. Suárez reconoce que queda margen de mejora en cómo se articulan los distintos actores que participan en estos procesos.
Lo que está en juego para el sistema de pensiones
Más bajas significan también menos cotizaciones. Cada trabajador de baja cotiza menos, con un impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema. El Gobierno confía en que la trayectoria positiva del empleo —con cifras récord de afiliación— compensa ese efecto, aunque la ecuación dista de ser simple.
A eso se suma la incertidumbre que introduce la inteligencia artificial. Si la automatización destruye empleos a gran escala, las bases sobre las que se sostiene el sistema de cotizaciones podrían debilitarse seriamente. Ante la propuesta de imponer un gravamen extra a las empresas que sustituyan trabajadores por IA, Suárez prefiere no precipitarse: su apuesta es «gobernar» ese proceso antes de optar por medidas punitivas.
El debate sobre las bajas laborales no es, en definitiva, una simple disputa entre patronal y sindicatos sobre quién tiene razón. Es un espejo en el que se refleja el estado real de la sanidad pública, la salud colectiva tras la pandemia y la capacidad del sistema para adaptarse a una realidad que ha cambiado de forma permanente. Vale la pena mirarlo con más atención.