Cada día laborable, más de 1,2 millones de personas en España no acuden al trabajo por baja médica. Son 43.000 más que hace un año, y muchas más que hace una década.
El número de bajas iniciadas se ha más que duplicado en ese periodo. El coste conjunto para la Seguridad Social y las empresas supera ya los 34.000 millones de euros al año. Un debate que llevaba tiempo gestándose en despachos y negociaciones acaba de instalarse con fuerza en la agenda política.
Una factura que no para de crecer
El impacto económico del absentismo laboral en España ya no admite lecturas parciales. En 2025, el coste conjunto de la incapacidad temporal alcanzó los 34.520 millones de euros: 18.413 millones correspondieron a la Seguridad Social y 16.115 millones a las empresas, según datos de ejecución presupuestaria y del balance de la patronal de mutuas AMAT.
La comparación histórica da dimensión al problema. En 2015, la factura total era de 10.146 millones. En plena pandemia de 2020, ascendió a 17.553 millones. La cifra actual es un 240% superior a la de hace una década y casi el doble que durante el año del confinamiento.
Las empresas no solo asumen el pago de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de baja. En muchos casos complementan el salario para que el trabajador perciba el 100% de su sueldo durante todo el proceso, lo que amplía aún más su exposición real al coste.
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, no eludió el diagnóstico: reconoció que el gasto de la Seguridad Social ha alcanzado un nivel «sin parangón» en la Unión Europea y llamó a una «reflexión» sobre la falta de coordinación entre administraciones.
El número de bajas se multiplicó por más de dos en una década
Los procesos de incapacidad temporal registrados por la Seguridad Social pasaron de 3,93 millones en 2015 a 9,16 millones en 2025, un incremento del 133% en diez años.
El Gobierno ha señalado el crecimiento del empleo como factor explicativo. España suma casi cinco millones de ocupados más que en 2015, un aumento del 28%. Las bajas, sin embargo, crecieron cinco veces más rápido que el empleo. La desproporción resulta difícil de ignorar.
Cada día laborable, más de 1,2 millones de trabajadores están en situación de incapacidad temporal —43.000 más que un año antes—. El dato no refleja un pico puntual, sino una tendencia sostenida a lo largo de más de una década.
Las bajas de muy larga duración, el problema dentro del problema
La duración media de una baja se estabilizó en 43 días en 2025, cifra similar a los 42,3 días de 2015 y muy inferior a los 53,7 días registrados durante la pandemia. En ese sentido, el sistema parece haber recuperado cierta normalidad.
Pero la media oculta algo más perturbador. Los procesos superiores a un año eran 35.000 en 2019; en 2025 llegaron a 155.203, un incremento del 343% en apenas seis años.
El gobernador del Banco de España situó precisamente estos procesos prolongados en el centro del problema estructural. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) los identificó también en su informe de febrero, señalando deficiencias en la gestión del sistema y ausencia de coordinación entre administraciones.
España, tercera en absentismo entre 24 países de la OCDE
Un estudio elaborado por técnicos de la OCDE y entregado al Ministerio de Seguridad Social ofrece una perspectiva comparada difícil de relativizar. España registra 4,9 semanas de trabajo perdidas por empleado al año. Solo Noruega, con 6 semanas, y Finlandia, con 5, superan esa cifra entre los 24 países analizados.
La distancia con el resto de Europa es llamativa: Alemania registra 3,5 semanas, Francia 4,2, Suecia 3,3, los Países Bajos 2,6 e Italia apenas 1,1. El envejecimiento de la fuerza laboral es un factor presente en varios de estos países, aunque España muestra una incidencia especialmente elevada. La Airef añade otro dato: el 25% de los trabajadores acumula más de la mitad de todos los procesos de baja, lo que apunta a un uso muy concentrado del sistema.
Debate abierto: controles, diálogo y reincorporación progresiva
La patronal CEOE reclama que la Inspección de la Seguridad Social pueda actuar desde el primer día de baja —actualmente solo puede intervenir a partir del año—. El argumento es que el seguimiento actual, a cargo del sistema público de salud o de las mutuas, resulta insuficiente durante los primeros meses.
El Ministerio de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta: las «altas progresivas». Los trabajadores con más de 180 días de baja podrían combinar durante un mes el cobro de la prestación con media jornada laboral. El Consejo General de Graduados Sociales apunta en una dirección similar, abogando por superar la dicotomía entre alta y baja absoluta mediante modelos de reincorporación gradual.
Cualquier reforma deberá acordarse de forma tripartita entre Gobierno, patronal y sindicatos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lo reiteró con claridad: cualquier movimiento unilateral genera rechazo inmediato, como quedó de manifiesto tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el nivel salarial durante las bajas.
Lo que ocurra a continuación importa. Los datos son conocidos, los actores están identificados y la presión económica —34.000 millones de euros al año y una posición poco envidiable en el ranking de la OCDE— no va a desaparecer. La pregunta es si esa presión será suficiente para que las partes alcancen un acuerdo antes de que la factura siga creciendo.