En plena controversia pública sobre el posible engaño al consumidor en el etiquetado del arroz valenciano, el Ministerio de Derechos Sociales instó esta semana a la Generalitat a ejercer sus competencias e inspeccionar esas prácticas. La respuesta del Consell esquivó la pregunta de fondo.
Lo que no se mencionó es que la agencia especializada con capacidad para hacer exactamente eso —inspeccionar y sancionar fraudes en el etiquetado alimentario— ya no existe. El Consell de Carlos Mazón la eliminó en 2023, el mismo año en que asumió el gobierno valenciano.
Una disputa sobre el arroz que dejó al descubierto un vacío institucional
El ministro Pablo Bustinduy fue directo: la Generalitat tiene competencias para inspeccionar el etiquetado del arroz valenciano y debe ejercerlas. La respuesta del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, apuntó en sentido contrario. Argumentó que ninguna norma europea obliga a indicar el origen del arroz y que el Consell ya ha solicitado a la Comisión Europea que lo exija. Técnicamente, las dos afirmaciones pueden ser ciertas a la vez. El problema es que la segunda no responde a la primera.
El debate dejó expuesta una realidad incómoda: la Comunitat Valenciana ya no cuenta con la estructura especializada que tenía para actuar en este ámbito. El cruce entre ministro y conseller no fue solo una escaramuza política; fue, sin pretenderlo, el mapa de un vacío institucional.
Lo que dice la normativa europea: engañar con imágenes también está prohibido
La normativa comunitaria deja poco margen a la interpretación. El artículo 7 del Reglamento (UE) 1169/2011 prohíbe que la información alimentaria induzca a error sobre el país de origen o el lugar de procedencia de un alimento, y esa prohibición va mucho más allá de lo que figura en letras sobre la etiqueta.
Según la interpretación consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el alcance de la norma abarca la presentación visual del producto, su publicidad y su apariencia global. Imágenes de campos de arroz valenciano, referencias geográficas o denominaciones evocadoras pueden bastar para constituir una práctica engañosa, aunque el texto de la etiqueta no mienta literalmente. Las comunidades autónomas tienen potestad para actuar ante estas situaciones: el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria y el Reglamento (UE) 2017/625 respaldan esa capacidad sancionadora. La competencia existe. La cuestión es quién la ejerce.
La AVICA: corta vida, 43 fraudes detectados y luego el cierre
La Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario nació en enero de 2022. En su primer año detectó 43 fraudes alimentarios de naturaleza variada: etiquetado engañoso en vino, horchatas, naranjas y pollo, adulteración de especias como el pimentón y el azafrán. Las sanciones de ese año recaudaron 38.767 euros.
Su aportación diferencial era concreta. La dirección general preexistente ya inspeccionaba campos, almacenes y centros de transformación, pero la AVICA extendió esa capacidad a los puntos de venta, cerrando un tramo del circuito que antes quedaba sin cubrir. En 2023, el Consell de Carlos Mazón la eliminó. La justificación se enmarcó en una reestructuración más amplia del sector público instrumental, presentada bajo el argumento de «eliminar grasa» administrativa. La agencia tenía dos años de vida.
El sector agrario denuncia: cartas sin respuesta y un control que nadie acredita
Desde el campo valenciano, el problema no es abstracto. La Unió Llauradora afirma haber enviado varias cartas a distintas consellerias desde octubre de 2023 denunciando fraudes en el etiquetado de productos alimentarios. Ninguna ha recibido respuesta.
Carles Peris, secretario general de La Unió, es claro sobre lo que supone la desaparición de la AVICA: «Consideramos un error que se eliminara porque era un instrumento complementario a la agencia de control alimentaria estatal, la AICA». Bien dotada, sostiene, la agencia podría haber ejercido competencias autonómicas frente a las malas praxis en la cadena agroalimentaria y el etiquetado fraudulento.
La Conselleria de Agricultura asegura que sí se aplican mecanismos de control. Cuando este medio solicitó cifras concretas sobre inspecciones realizadas, no obtuvo ninguna. A eso se añade otro dato: la Comunitat Valenciana no figura en los últimos informes del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025, ni en los datos correspondientes a 2025.
¿Puede una dirección general sustituir a una agencia especializada?
En teoría, sí. Las funciones que ejercía la AVICA pueden desarrollarse desde una dirección general de la Generalitat sin necesidad de una agencia independiente. La arquitectura jurídica lo permite y nadie discute ese punto.
Lo que genera dudas es la práctica. La ausencia de datos públicos de inspección, la falta de respuesta a denuncias formales del sector y la invisibilidad de la Comunitat Valenciana en los informes nacionales de control alimentario no prueban que el control no exista, pero tampoco permiten verificar que funcione. El caso valenciano plantea una pregunta que trasciende el arroz o el etiquetado: cuando una administración simplifica su estructura, ¿en qué punto está reduciendo burocracia innecesaria y en cuál está desmantelando capacidad real de protección al consumidor? La diferencia entre ambas cosas no siempre es visible hasta que alguien necesita que esa capacidad esté ahí.