Hace apenas unos años, España figuraba entre los países europeos con una apuesta más ambiciosa en semiconductores. Su plan estrella, el PERTE Chip, movilizaba 12.250 millones de euros con la promesa de situar al país en la primera línea de la soberanía tecnológica.
Hoy, ese mismo programa ha quedado reducido a 1.936 millones. Un recorte de casi el 85% que no ha pasado desapercibido en Bruselas.
El plan más ambicioso de España en tecnología, reducido a la mínima expresión
El PERTE Chip nació como el mayor proyecto público-privado que España había puesto en marcha en el sector de los semiconductores. Con 12.250 millones de euros comprometidos, prometía situar al país en toda la cadena de valor del chip, desde la investigación hasta la fabricación. Bruselas y el Gobierno coincidían en calificarlo de iniciativa «sumamente ambiciosa».
El ajuste ha sido drástico: el presupuesto ha caído hasta los 1.936 millones de euros, repartidos entre 1.016 en subvenciones y 920 en préstamos blandos. Solo siete proyectos recibirán financiación con esa dotación final.
El recorte, además, no es únicamente económico. El objetivo de construir una fábrica de chips en España —uno de los símbolos del plan original— desaparece directamente del programa. No hay iniciativas suficientes que lo justifiquen.
Por qué España tuvo que dar marcha atrás con los fondos europeos
La causa principal del recorte es técnica, aunque sus consecuencias son políticas. España no pudo cumplir los hitos y las reformas que la Unión Europea exige para liberar los fondos del plan de recuperación pospandemia, y ante esa imposibilidad el Ministerio de Economía renunció a parte de los créditos comunitarios disponibles.
El informe de Bruselas señala cuatro factores: los cambios en la dinámica geopolítica, la falta de inversión privada, los retrasos en la asignación de fondos y la ausencia de proyectos industriales de escala suficiente. Todos se retroalimentan.
Broadcom, que figuraba entre los actores que podrían anclar una gran instalación en España, descartó finalmente construir una fábrica en el país. Sin ese tipo de anclaje industrial, el dinero sencillamente no tiene adónde ir.
La advertencia de Bruselas: sin chips, no hay soberanía digital
La Comisión Europea no ha pasado por alto el retroceso español. En su informe anual sobre el estado de la Década Digital, califica la reducción del PERTE Chip de «importante retroceso» para las expectativas de liderazgo y soberanía digital de España. El tono es inusualmente directo para un documento institucional.
La preocupación tiene una base estructural. Europa produce apenas el 9% de los semiconductores mundiales, y el objetivo fijado para 2030 era alcanzar el 20%. A menos de cuatro años de esa fecha, el bloque está lejos de lograrlo.
Los chips no son un producto más. Son, según el propio informe, el «cerebro físico» que procesa las operaciones matemáticas que requiere la inteligencia artificial. Sin producción propia, Europa depende de Taiwán y Corea del Sur para sostener su transformación digital. Por eso Bruselas pide a España que «acelere los esfuerzos para asignar fondos públicos a proyectos estratégicos»: no es una sugerencia genérica, sino una exigencia con nombre y apellido.
La respuesta europea: la Ley de Chips 2.0 y la presión sobre los Estados
Consciente de que la primera Ley de Chips no ha sido suficiente, Bruselas ha puesto en marcha una segunda versión. La Ley de Chips 2.0 busca movilizar nuevas inversiones públicas y privadas que se sumen a los más de 80.000 millones ya generados por la legislación vigente desde el verano de 2023.
El contexto, sin embargo, ha cambiado de forma notable. El auge de la inteligencia artificial ha disparado tanto la demanda como la producción mundial de microprocesadores, lo que hace más difícil ganar cuota de mercado que cuando se fijaron los objetivos de 2030.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha pedido también a Donald Trump colaborar en inteligencia artificial. Es un gesto que reconoce los límites reales de la autonomía tecnológica europea: la dependencia en chips y en modelos avanzados de IA apunta en la misma dirección. Europa aún no se basta sola.
España, alumna aventajada en digitalización pero con una asignatura pendiente
El diagnóstico de Bruselas sobre España no es enteramente negativo. Fuera del capítulo de los chips, la Comisión reconoce que el país es uno de los más avanzados de la UE en digitalización: España ha establecido 13 de los 14 objetivos nacionales posibles, y el 85% de ellos van por buen camino.
Los puntos fuertes incluyen la cobertura 5G, la penetración de fibra óptica en los hogares y la capacidad de red. En esos indicadores, España se sitúa entre los líderes europeos. El contraste con el retroceso en chips resulta, sin embargo, difícil de ignorar.
Las áreas de mejora identificadas abarcan la capacitación digital de trabajadores y pymes, junto a la escasez de unicornios tecnológicos propios. Son carencias que, sumadas al recorte del PERTE Chip, perfilan una brecha estratégica de fondo. España tendrá que decidir si redobla su apuesta por los semiconductores con fondos propios o acepta un papel secundario en una industria que Europa considera clave para su futuro. Bruselas ya ha dejado claro que espera más.