En la Comunitat Valenciana, los trabajadores que causan baja médica tardan de media 57 días en reincorporarse a su puesto. En el resto de España, ese plazo es de 44 días. Casi dos semanas de diferencia que, en pleno debate político sobre el absentismo laboral, han quedado sepultadas bajo acusaciones de fraude y cifras millonarias.
Pero los datos cuentan otra historia. Detrás de esa brecha hay una acumulación de factores estructurales que convierten a esta comunidad en un caso singular dentro del mapa laboral español, y que no se explican ni con desidia ni con trampas al sistema.
Una región con bajas más largas que el resto del país
La diferencia no es menor. Los 57,06 días de media que dura una baja en la Comunitat Valenciana frente a los 44,14 del conjunto del país representan una brecha que se ha ido consolidando año tras año. En 2025 se registraron 514.886 procesos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, un 7,96% más que el año anterior.
El coste total alcanzó los 2.064,8 millones de euros, entre prestaciones gestionadas por la Seguridad Social y costes directos asumidos por las empresas. Un dato revela la profundidad del fenómeno con especial crudeza: las bajas de más de un año se han multiplicado por cuatro desde 2019, pasando de 3.951 a 17.378 procesos. No es una anomalía puntual. Es una tendencia sostenida.
Sanidad saturada y salarios bajos: los factores que alargan las bajas
Para entender por qué las bajas duran más aquí que en el resto de España, hay que atender a varios elementos que se retroalimentan. El primero es la saturación de la sanidad pública. Las largas listas de espera en especialidades como traumatología, oftalmología y cirugía general prolongan procesos que, con una atención más ágil, podrían resolverse antes.
El factor salarial también pesa. El salario mediano en la Comunitat Valenciana es de 22.652 euros anuales, un 7,5% por debajo de la mediana estatal de 24.497 euros. Ganar menos implica menor capacidad para acceder a recursos privados que aceleren la recuperación. A esto se suma la sobrecarga laboral: en 2025 se realizaron 290.000 horas extraordinarias no remuneradas, concentradas en 53.000 trabajadores que asumieron una media de 5,47 horas extra semanales sin pago. Según CCOO y UGT, esta combinación no solo favorece la aparición de enfermedades, sino que también alarga su duración una vez que el trabajador está de baja.
El auge imparable de las bajas por salud mental
Si hay un fenómeno que marca la evolución reciente del absentismo en la Comunitat Valenciana, es el de los trastornos mentales. En 2020 se iniciaron 21.052 bajas por este motivo. En 2025, la cifra llegó a 50.494. Un incremento del 139,8% en apenas cinco años.
Su coste económico también se ha disparado: 472,6 millones de euros en 2025, casi un 293% más que siete años antes. El impacto resulta especialmente intenso entre los trabajadores jóvenes. El grupo de entre 16 y 35 años registró en 2025 una incidencia de 31,04 procesos por cada 1.000 trabajadores protegidos, un 201,95% más que en 2018.
El informe del profesor Adrián Todolí, de la Universitat de València, aporta contexto a esos números. Entre un 30% y un 38% de los trabajadores declaran sufrir estrés de forma habitual, y un 47% están expuestos a factores que comprometen su bienestar psicológico. Para Todolí, estos datos exigen que las empresas evalúen la carga de trabajo como un riesgo laboral, al mismo nivel que otros factores tradicionales de prevención.
¿Fraude o realidad laboral? Lo que dicen los datos
Las declaraciones políticas que han vinculado el absentismo con el fraude han reabierto un debate recurrente. Los datos, sin embargo, complican esa lectura. La normativa de incapacidad temporal no resulta económicamente favorable para el trabajador: los tres primeros días no se cobra nada, y entre el cuarto y el vigésimo día solo se percibe el 60% de la base reguladora.
El 76% de las incapacidades temporales duran menos de 15 días, precisamente el periodo en que la pérdida de ingresos es mayor. Los estudios apuntan al envejecimiento de la plantilla, el crecimiento del empleo, las patologías musculoesqueléticas y la salud mental como los principales motores del incremento. Eso no excluye la existencia de casos de fraude, pero sí cuestiona que ese fenómeno explique por sí solo la evolución registrada.
Mutuas versus sanidad pública: el debate sobre quién debe gestionar las bajas
La patronal valenciana, a través de la CEV y AMAT, propone ampliar las competencias asistenciales de las mutuas para reducir listas de espera. Según sus estimaciones, esta medida podría generar un ahorro de hasta 350 millones de euros en la Comunitat Valenciana.
Los sindicatos rechazan la propuesta de plano. Defienden que la solución pasa por reforzar la sanidad pública, no por transferir competencias al sector privado. UGT señala que la Comunitat depende exclusivamente del sistema público para las pruebas diagnósticas y los tratamientos vinculados a las incapacidades temporales.
El debate de fondo, según los sindicatos, no debería centrarse en quién gestiona las bajas, sino en cómo se previenen. Evaluar la carga de trabajo como un riesgo laboral real —al mismo nivel que los riesgos físicos o químicos— es la demanda que tanto CCOO como UGT sitúan en el centro de cualquier solución duradera.
Si los datos muestran con tanta claridad los factores que enferman a los trabajadores, cabe preguntarse por qué el debate político sigue girando en torno al fraude en lugar de a la prevención.