Cada verano, los aparcamientos de muchos pueblos costeros españoles desaparecen bajo una marea de autocaravanas y furgonetas camperizadas. Las plazas se agotan antes del mediodía, los laterales de las carreteras se convierten en improvisados campamentos y los vecinos empiezan a contar los días que faltan para septiembre.
No es una anécdota local. Entre junio y septiembre, unas 250.000 campers recorren la Península, según datos de ASEICAR recogidos por la DGT. Y la infraestructura para acogerlas no ha crecido al mismo ritmo.
De 50.000 a 140.000: el crecimiento que nadie anticipó
En 2015, el parque de autocaravanas y furgonetas camper en España no llegaba a los 50.000 vehículos. Hoy roza los 140.000. Un aumento del 185% en una sola década que convierte al país en el tercer mercado camper más grande de Europa, solo por detrás de naciones con décadas más de tradición en este segmento turístico.
El crecimiento no fue lineal. Se aceleró de forma notable tras la normativa de la DGT de 2023, que estableció por primera vez una distinción legal entre acampar y aparcar. A partir de entonces, los camperistas podían pernoctar en la vía pública sin riesgo de sanción, siempre que cumplieran determinadas condiciones. Esa seguridad jurídica impulsó las ventas e inclinó a muchos conductores a dar el paso.
El fenómeno no es exclusivamente español. A los vehículos nacionales se suman los que llegan desde Francia, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, muchos de ellos de camino a Portugal o Marruecos. El resultado es una presión sobre el territorio que ninguna administración había previsto con suficiente antelación.
Faltan 2.000 áreas: la infraestructura que nunca llegó
El número de vehículos creció. Las áreas para acogerlos, no. Según ASEICAR, España necesita unas 2.000 áreas de autocaravanas más, concentradas principalmente en la franja costera. Un déficit considerable para un país que recibe millones de turistas cada verano.
José Manuel Jurado, presidente de la asociación, lo describe con claridad: España está «a años luz» de referentes como Francia, donde cada pueblo turístico dispone de un espacio habilitado para campers. Aquí, muchas de las áreas existentes ni siquiera ofrecen servicios básicos: vaciado de aguas grises y negras, suministro de agua limpia o instalaciones de aseo.
El problema se vuelve especialmente visible en temporada alta. La demanda se multiplica, los espacios disponibles resultan completamente insuficientes y los camperistas compiten por las mismas plazas. Los aparcamientos convencionales se saturan. La tensión con los residentes escala con rapidez.
Pueblos de 3.000 habitantes con 500.000 visitantes: el colapso costero
Hay municipios costeros que durante el invierno tienen 3.000 habitantes y en verano reciben 500.000 visitantes. Cuando una parte significativa de esos visitantes llega en vehículos de gran tamaño, el territorio simplemente no da más de sí.
Localidades gallegas como O Grove, Sanxenxo o A Illa de Arousa han comenzado a limitar el aparcamiento de campers en playas y zonas naturales. La zona de Tarifa ha seguido un camino similar. El caso más extremo es Ibiza: las campers no empadronadas no pueden acceder a la isla sin reserva previa en un camping.
El conflicto va más allá del espacio físico. Algunos camperistas novatos no respetan las normas de vaciado de residuos ni cuidan los espacios públicos, lo que genera fricciones no solo con los vecinos sino también dentro de la propia comunidad camper. El colectivo ve cómo su imagen se deteriora por comportamientos minoritarios pero muy visibles.
La normativa que intenta poner orden sin apagar el fenómeno
En 2026, la DGT actualizó su instrucción sobre autocaravanas. La nueva norma, denominada PROT 2026/04 y basada en una sentencia del Tribunal Supremo, reconoce expresamente la potestad de los ayuntamientos para restringir los tiempos de estacionamiento y estancia de las campers. El cambio afecta tanto a vías públicas como a aparcamientos y áreas específicas, con el objetivo declarado de favorecer la rotación.
El sector del caravaning ha reaccionado con críticas. Muchos camperistas consideran que las ordenanzas locales son discriminatorias y que erosionan la libertad de movimiento que define a este tipo de turismo. El debate es legítimo, aunque también refleja una tensión real entre derechos individuales y uso colectivo del espacio.
La normativa sola no resolverá el problema. Sin más áreas bien equipadas, sin educación sobre el uso responsable del entorno y sin una planificación territorial que anticipe la demanda, los conflictos seguirán reproduciéndose cada verano. España tiene un modelo camper que creció más rápido que su capacidad para gestionarlo. La pregunta no es si hay que actuar, sino con qué velocidad y con qué recursos se hará.