A las puertas de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido julio en una carrera contrarreloj. El Congreso celebra plenos extraordinarios, el calendario aprieta y el Ejecutivo trata de desbloquear en pocas semanas una batería de medidas que lleva meses acumuladas.
La presión no es solo legislativa. La debilidad parlamentaria del Gobierno, los roces con sus socios de investidura y la cuenta atrás de los fondos europeos coinciden con un horizonte que ya nadie disimula: el superaño electoral de 2027 se acerca, y el margen para actuar se estrecha.
Un julio legislativo sin precedentes recientes
El Gobierno ha extendido el período ordinario de sesiones con dos plenos extraordinarios: uno celebrado el 14 de julio y otro convocado para el 23. No es una decisión menor. Alargar el calendario parlamentario más allá de lo habitual refleja la urgencia de un Ejecutivo que necesita resultados antes de que el país desconecte en agosto.
La debilidad parlamentaria de Sánchez pesa sobre cada decisión. Los casos judiciales abiertos en su entorno político y personal han erosionado su capacidad de negociación con los socios de investidura. Junts y el PNV, aliados imprescindibles, han bloqueado o condicionado varias iniciativas en los últimos meses.
Detrás de todo esto está el superaño electoral de 2027. Antes de que termine el próximo curso político, la mayoría de los españoles votarán en municipales, autonómicas y, previsiblemente, generales. El Gobierno lo sabe y actúa en consecuencia: julio es su última oportunidad real de acumular logros antes de entrar en modo campaña.
Vivienda y registro horario: dos decretos para antes de agosto
El nuevo decreto de vivienda recupera medidas que el Congreso rechazó el pasado 28 de abril, entre ellas la prórroga automática de contratos de alquiler y la subida al 21% del IVA aplicado a los pisos turísticos. Esta vez el texto incorpora bonificaciones fiscales para propietarios, un añadido orientado a atraer a Junts y al PNV, ausentes en la votación anterior.
El Ministerio de Vivienda confirma que el decreto podría aprobarse en uno de los dos Consejos de Ministros que quedan en julio —los días 21 y 28— para llevarlo al Congreso en septiembre, con el inicio del período ordinario de sesiones.
El registro horario también tiene fecha prevista. Los sindicatos llevan años presionando por esta medida; la patronal se opone. El Gobierno ha prometido darle luz verde el 28 de julio, en el último Consejo de Ministros del curso político.
El techo de gasto y la senda de estabilidad: la batalla presupuestaria
A principios de julio, el Gobierno aprobó un techo de gasto récord de 226.000 millones de euros para 2027, un 6,6% más que el ejercicio en curso. La cifra cobra especial relevancia porque 2027 ya no contará con los fondos europeos para amortiguar el gasto.
El Congreso rechazó la propuesta el pasado martes. El Gobierno la volverá a presentar el 23 de julio, y si tampoco consigue mayoría, podría aprobar la senda de estabilidad sin respaldo parlamentario. Un informe de la Abogacía del Estado de 2024 avalaría esa vía, siempre que el Consejo de la UE haya valorado favorablemente el programa de estabilidad.
El propio Sánchez ha vinculado este asunto a la convocatoria electoral. Ha afirmado que «tomará las decisiones» necesarias si no logra aprobar los Presupuestos Generales de 2027. La senda de estabilidad es el primer paso para elaborarlos.
Financiación autonómica: propuesta casi idéntica, rechazo casi unánime
El Ministerio de Hacienda presentó la semana pasada una propuesta de financiación autonómica muy similar a la que avanzó su predecesora en enero. El resultado fue prácticamente el mismo: rechazo frontal de todos los gobiernos regionales, incluidos los del PSOE. Solo Cataluña apoya el texto.
La propuesta sube cinco puntos el tramo autonómico del IRPF, hasta el 55%, y seis puntos y medio en el IVA, hasta el 56,5%. El problema de fondo es el nuevo cálculo de la población ajustada: múltiples comunidades consideran que recibirían menos transferencias de las que les corresponden según su tamaño real.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera volverá a reunirse el 29 de julio. El Gobierno controla la mitad de los votos y podría aprobar la propuesta con el único respaldo catalán. Un acuerdo así tendría escasa legitimidad política, aunque cumpliría formalmente el trámite.
Los fondos ‘Next Generation’: cuenta atrás antes del 31 de agosto
La presión no viene solo del frente legislativo. El Ministerio de Economía debe presentar «inminentemente» una adenda para justificar el cumplimiento de tres hitos pendientes cuyos desembolsos están retenidos, paso previo para desbloquear pagos que llevan tiempo en espera.
Todos los compromisos restantes del plan de recuperación deben cumplirse antes del 31 de agosto. Solo así el Gobierno podrá solicitar el séptimo pago en septiembre. Los plazos son inamovibles.
El fin del ciclo de los fondos europeos añade una dimensión técnica a lo que ya es una agenda política muy cargada. Lo que ocurra en las próximas semanas determinará no solo cuánto dinero llega a España, sino también con qué posición afronta el Ejecutivo el arranque del curso en septiembre y, más allá, la recta final hacia 2027.