De lunes a viernes, entre las once de la mañana y las dos y media de la tarde, Yolanda Delgado deja de ser las manos y la voz de su marido. Es el único intervalo en que una profesional entra en casa para atenderlo. El resto del día, las noches y todos los fines de semana vuelven a recaer sobre ella.
«Yo soy su mujer, no su cuidadora», dice. Antes trabajaba como responsable de recepción. Lo dejó cuando la ELA avanzó y su marido comenzó a necesitar ayuda permanente. Hoy ocupa, sin contrato ni sueldo, una de las plazas que le faltan al sistema español de cuidados. Detrás de ella, cientos de miles de familias sostienen en silencio el mismo peso.
Una plaza sin cubrir dentro de casa
Tres horas y media al día. Ese es el margen que el sistema le concede a Yolanda para dejar de ser cuidadora y volver a ser, simplemente, la mujer de su marido. Las noches y los fines de semana completos la atención recae sobre ella sin contrato, sin formación reglada, sin salario.
Su historia no es una excepción. Es el síntoma más visible de un problema estructural que España lleva años aplazando. A 1 de enero de 2025, el 20,7% de la población española tenía 65 años o más, un porcentaje que seguirá creciendo —con especial intensidad entre los mayores de 80 años, quienes concentran las mayores necesidades de cuidado.
El sector calcula que España deberá incorporar unos 261.400 profesionales adicionales antes de 2030, solo para mantener los niveles de cobertura actuales. Mientras esa cifra no se alcance, el hueco lo llenan familias como la de Yolanda.
Un mercado laboral que crece pero no se llena
El empleo en cuidados ha crecido de forma notable: la afiliación en actividades residenciales y servicios sociales sin alojamiento se ha más que duplicado desde 2009, pasando de unos 392.000 trabajadores a más de 814.000 en junio de 2026. El dato refleja la velocidad a la que se expande este sector en España.
Ese crecimiento se ha concentrado fuera de las residencias. Los servicios sin alojamiento —donde se encuadra buena parte de la atención domiciliaria— reunían cerca de 474.000 afiliados, frente a unos 341.000 en actividades residenciales. Más del 80% del empleo en ambos ámbitos lo ocupan mujeres.
Que el sector genere puestos no significa que logre cubrirlos. Empresas y sindicatos llevan años advirtiendo de que la escasez de personal no responde solo al aumento de la demanda. Las condiciones que se ofrecen tienen mucho que ver.
Salarios mínimos y jornadas imposibles
Las últimas tablas estatales situaban los salarios base de auxiliares y gerocultoras en torno a los 1.150 euros mensuales, por debajo del nuevo salario mínimo interprofesional de 1.221 euros. Desde este año, ninguna jornada completa puede remunerarse por debajo de ese umbral. Pero el problema va bastante más allá de las tablas salariales.
Alrededor del 80% de la contratación en el sector es indefinida. La parcialidad crece, sin embargo, especialmente en la ayuda a domicilio. Una trabajadora puede atender a varios usuarios en un mismo día con servicios de una o dos horas, y si uno de ellos deja de necesitar el servicio, su jornada y sus ingresos cambian de un día para otro.
A eso se suma una exigencia física y emocional muy alta: movilización de personas con escasa autonomía, acompañamiento en enfermedades degenerativas, detección de cambios de salud. Teresa Sánchez, trabajadora de la dependencia en la Comunidad de Madrid, describe plantillas insuficientes y veranos sin cubrir bajas. «Es imposible darles una atención de calidad con estas condiciones de trabajo», afirma. En residencias privadas y concertadas, añade, las ratios son insostenibles.
El coste invisible que pagan las mujeres
Judith Agenjo pasó casi ocho años cuidando a su abuela con deterioro cognitivo. Durante ese tiempo rechazó ofertas de trabajo relacionadas con su formación porque un horario rígido era incompatible con las necesidades de su familiar. Cuando su abuela murió, creyó que podría recuperar el tiempo perdido. El mercado laboral no espera.
Su historia refleja un coste difícil de cuantificar: carreras interrumpidas, procesos de selección a los que no se puede concurrir, oportunidades que simplemente desaparecen. Las estadísticas lo confirman. Según el módulo de conciliación de la Encuesta de Población Activa, unas 328.000 mujeres habían reducido su jornada o pasado a tiempo parcial para cuidar a familiares dependientes, frente a 33.400 hombres.
Entre las personas ocupadas con responsabilidades de cuidado, el 8,9% de las mujeres había reducido su tiempo de trabajo, frente al 0,9% de los hombres. La brecha se estrecha en medidas que no implican pérdida de ingresos —adaptar el horario sin reducir horas o teletrabajar—, donde los porcentajes se acercan. La desigualdad se concentra, sobre todo, en las decisiones que comportan una renuncia salarial o profesional real.
Más financiación, pero todavía insuficiente
El Gobierno prevé que las comunidades autónomas reciban unos 6.200 millones de euros adicionales para dependencia durante 2026 y 2027. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, esos recursos permitirían incorporar a 417.000 nuevos beneficiarios, reducir en unas 71.000 personas las listas de espera y crear entre 107.735 y 115.050 empleos.
Son cifras relevantes. Pero incluso si se alcanzara el límite superior de esa horquilla, el resultado seguiría siendo insuficiente: ciento quince mil empleos nuevos quedan lejos de los 261.400 profesionales adicionales que el sector calcula como necesarios para mantener la cobertura actual hasta 2030.
Los sindicatos exigen que el incremento presupuestario se traduzca en mejores salarios, mayor estabilidad y más formación para quienes trabajan en el sector. La financiación puede aliviar el sistema. No resolverlo por sí sola.
Mientras tanto, vale la pena preguntarse qué dice de una sociedad el hecho de que uno de sus servicios esenciales dependa, en buena medida, de personas que cuidan sin contrato, sin descanso y sin reconocimiento. España no tendrá suficientes profesionales para 2030. Pero ya hoy, en miles de casas, alguien está ocupando ese puesto vacío. Gratis.