El reloj corre para España. El Gobierno tiene hasta finales de septiembre para enviar a Bruselas la solicitud del séptimo y último desembolso del plan de recuperación europeo: unos 26.000 millones de euros que cerrarían definitivamente un programa puesto en marcha tras la pandemia para transformar la economía del país.
Con ese tramo pendiente, España habría recibido fondos Next Generation por valor de más del 8% de su PIB. Pero conseguir el importe íntegro no está garantizado.
El último plazo de un programa histórico
El ministro Carlos Cuerpo lo confirmó en Bruselas, ante la prensa reunida tras su intervención en el Foro Bruegel: España enviará la solicitud del séptimo desembolso antes de que acabe septiembre. «Esperamos mandar a finales de septiembre esa evaluación a la Comisión Europea para ese último pago», explicó el vicepresidente del Gobierno. La fecha límite es el 30 de septiembre.
El desembolso efectivo debe producirse antes de que termine el año. Así lo exigen las reglas del programa Next Generation EU. El tramo en juego se divide en dos partes: 21.000 millones en transferencias directas a fondo perdido y alrededor de 4.500 millones en préstamos. Hasta ahora, España ha recibido 78.000 millones en seis pagos anteriores, el 76,5% del total asignado actualmente.
148 hitos para desbloquear el dinero
Cobrar este último tramo no es automático. El desembolso está condicionado al cumplimiento de 148 hitos y objetivos —aproximadamente el 30% del plan total acordado con Bruselas—, y el plazo para acreditar ese cumplimiento ante la Comisión venció el 31 de agosto.
En la práctica, la situación de España ya está definida. Lo que queda es documentar los resultados y decidir si se solicita el importe íntegro o se renuncia a una parte. El Ministerio de Economía defiende que aspira a los 26.000 millones completos. Cuerpo reconoció que «el trabajo ha sido muy intenso a lo largo de los últimos meses para llegar a tiempo a ese 31 de agosto».
Retenciones y renuncias: el precio de la fragmentación política
Los antecedentes no invitan al optimismo sin matices. Bruselas mantiene retenidos 537 millones del quinto pago por tres hitos que España no ha logrado completar, y otros 626 millones permanecen congelados por compromisos relacionados con la temporalidad en el sector público. A eso se suma la pérdida definitiva de 198 millones vinculados a un impuesto al diésel que el Gobierno no pudo aprobar —una medida que, en el contexto actual de tensión energética, encontraría aún más resistencia política.
Detrás de muchas de estas dificultades está la fragmentación parlamentaria. El Ejecutivo tuvo que priorizar el cumplimiento de hitos concretos sobre las reformas legislativas, porque sacarlas adelante resultaba inviable sin mayorías suficientes. Esa misma presión llevó al Consejo de Ministros a aprobar, en diciembre de 2025, una adenda que redujo la petición de créditos hasta 22.800 millones, renunciando a cerca del 25% del tramo de préstamos.
Adendas como tabla de salvación
La herramienta que ha permitido a España mantenerse en la carrera ha sido la adenda. Este verano, el Gobierno presentó modificaciones al plan para sustituir hitos difíciles de cumplir por otros más realistas, con el aval de la Comisión Europea. No fue una decisión unilateral: la propia Comisión instó a todos los países con pagos pendientes a ajustar sus planes, precisamente para evitar que grandes cuantías quedaran sin ejecutar al cierre del programa.
En el caso de los préstamos, la renuncia parcial responde también a una lógica financiera. La mejora de la prima de riesgo española hace que los créditos europeos resulten menos atractivos, ya que el Tesoro puede captar deuda en el mercado en condiciones similares y sin las obligaciones que acompañan a los fondos comunitarios. Las adendas permitieron, sobre todo, proteger la prioridad central: asegurar la llegada íntegra de los 80.000 millones en transferencias a fondo perdido.
El impacto real de los fondos en la economía española
Los números son elocuentes. Los más de 79.000 millones ya recibidos equivalen al 6,79% del PIB español; si el séptimo tramo llega completo, esa cifra rozaría el 9%. Las previsiones apuntan a que en 2031 el PIB anual podría situarse hasta 3,4 puntos por encima de su nivel de inercia gracias al plan. Son proyecciones, pero reflejan la escala de la apuesta.
Del dinero ya desembolsado, 13.760 millones fueron a transición ecológica y 7.380 millones a transformación digital. El gasto social del plan representa el 21,85% del gasto total estimado, según la Comisión Europea.
Lo que viene ahora es la recta final. Si Bruselas valida la solicitud española y aprueba el pago antes de diciembre, el programa Next Generation habrá completado su ciclo en España. Lo que queda por ver es cuánto de esos 26.000 millones termina llegando, y qué reformas pendientes dejarán huella —o ausencia— en la economía de los próximos años.