Francisco Chacón lleva meses recorriendo capitales europeas con un argumento que cabe en una frase: si una empresa murciana paga por el carbono del acero que usa para fabricar un extintor, el extintor que llega de China debería pagar lo mismo. No lo hace.
El empresario de Beniaján, al frente de una firma con más de cuarenta años fabricando envases metálicos para extintores, ha convertido esa paradoja en una campaña que ya circula por los despachos de Bruselas. La causa es técnica, casi invisible, pero sus consecuencias amenazan a toda una industria.
Un impuesto al carbono con un agujero del tamaño de un extintor
El Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) obliga a las industrias europeas a pagar por cada tonelada de CO₂ que generan. El principio es claro: quien contamina, paga. Ese principio, sin embargo, tiene un límite geográfico que lo debilita considerablemente.
Para evitar que las importaciones compitan sin asumir el mismo coste, la Unión Europea aprobó en 2023 el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, conocido como CBAM. Este arancel verde grava materias primas como el acero y el aluminio cuando entran en la UE desde terceros países. Lo que no grava es otra historia.
Un extintor fabricado en China o India llega al mercado europeo sin pagar ningún equivalente por emisiones. No importa que el acero y el aluminio representen más del 90 % del peso del aparato: el código arancelario del extintor terminado queda fuera del alcance del CBAM. Un agujero técnico con consecuencias muy concretas.
La desventaja competitiva que amenaza a la industria murciana
Los fabricantes europeos asumen el coste del carbono de dos formas: comprando acero a proveedores de la UE —que ya pagan el ETS— o importando el metal directamente y abonando el CBAM en frontera. En ambos casos, ese sobrecoste se traslada al precio de venta. Sus competidores asiáticos no cargan con nada de eso.
La Región de Murcia concentra la mayor densidad de fabricantes de extintores de España. El sector genera entre 300 y 500 empleos directos y alrededor de 1.500 indirectos, según datos de la Consejería de Presidencia. No es una industria marginal.
Por ahora el impacto económico es moderado: un factor de reducción transitorio bonifica el 97,5 % del gravamen. Pero ese porcentaje descenderá de forma progresiva hasta llegar a cero en 2034. «Si el sector no logra modificar la ley ahora que está en fase de tramitación y enmiendas, los fabricantes europeos se enfrentarán a un escenario de inviabilidad financiera absoluta», advierte Chacón. La ventana para actuar es estrecha.
De Beniaján a Bruselas: cómo se construyó una alianza europea
Chacón no esperó a que el problema llegara solo a los despachos institucionales. Salió a explicarlo reunión a reunión, empresa a empresa, con un argumento que los fabricantes del continente entendieron enseguida: muchos de ellos no tienen intereses en la importación, así que la asimetría fiscal no les reportaba ningún beneficio.
«Los fabricantes europeos empezaron a apoyar la iniciativa porque el pan les va en esto», explica el empresario murciano. Grandes firmas como la italiana Anaf Fire Protection, la alemana Gloria GmbH y la francesa Desautel firmaron el manifiesto, a las que se sumaron empresas de Bélgica, Austria y Polonia.
El núcleo impulsor sigue siendo murciano. Seis empresas de la región encabezan la propuesta, con adhesiones de Cataluña, Valencia, Aragón y Andalucía. El Grupo del Partido Popular Europeo ha preparado enmiendas para incluir los extintores en la próxima revisión del CBAM, prevista para 2028.
Respaldo institucional y el argumento de la seguridad estratégica
La campaña ha conseguido algo que no siempre se logra: apoyo transversal. El Gobierno de la Región de Murcia abrió contactos con eurodiputados en Bruselas a través del consejero Marcos Ortuño; la patronal del metal Fremm y el sindicato Comisiones Obreras también han expresado su respaldo. El Ministerio para la Transición Ecológica habría mostrado disposición a empujar la propuesta en las instituciones europeas.
El manifiesto incluye además un argumento que va más allá de la fiscalidad. Si la producción europea se deslocaliza hacia terceros países, Europa crea dependencia externa en un producto directamente vinculado a la seguridad contra incendios. Es una preocupación estratégica, no solo económica, y se enmarca en un debate más amplio sobre ampliar el CBAM a productos transformados, con precedentes parlamentarios recientes que le dan base jurídica.
Trazabilidad y fabricación limpia: la otra cara de la reforma
La discusión sobre el CBAM no es solo fiscal. También apunta a cómo se fabrica. Antonio Tortosa, presidente de la Asociación Española de Empresas de Protección contra Incendios (Tecnifuego), señala que la transición hacia hornos eléctricos en la producción de acero y hierro reduciría la huella de carbono y, con ello, el coste del gravamen para los fabricantes europeos.
Los proveedores pueden emitir certificados de trazabilidad que acrediten el método de producción utilizado. Eso permite distinguir entre acero fabricado con energía limpia y acero producido con gas o carbón, como ocurre principalmente en India.
Ahí está el nudo del problema tal como lo ve Chacón: sin un coste en frontera, las empresas que fabrican fuera de Europa no tienen ningún incentivo para reducir sus emisiones. «¿Qué va a conseguir la Unión Europea? Aumentar las emisiones globales», concluye.
La revisión del CBAM prevista para 2028 es la próxima cita clave. Si las enmiendas preparadas por el grupo parlamentario europeo prosperan, los extintores importados podrían quedar sujetos al mismo ajuste que hoy paga la industria murciana. Si no lo hacen, el margen para reabrir el debate se cerrará durante años, mientras el factor de reducción transitorio sigue su cuenta atrás hacia cero.