PP y Vox firmaron este jueves en Andalucía un acuerdo programático que pretende gobernar los próximos cuatro años. No es un pacto de investidura puntual: el documento compromete a ambos partidos a negociar y aprobar los presupuestos de 2027, 2028, 2029 y 2030.
El texto abarca desde la fiscalidad hasta la educación, la sanidad, la vivienda o las subvenciones a los agentes sociales. Con 1.300 millones en rebajas fiscales como cifra central, el acuerdo entre Juanma Moreno y Vox marca la hoja de ruta más ambiciosa que la derecha andaluza ha sellado por escrito hasta ahora.
Un pacto para cuatro años: el marco de la coalición
Este acuerdo no nació como un apoyo puntual a la investidura. PP y Vox lo concibieron desde el principio como un marco programático para toda la legislatura 2026-2030, con un compromiso concreto: negociar y aprobar cuatro presupuestos consecutivos, los de 2027, 2028, 2029 y 2030.
El documento tiene un alcance amplio. Cubre fiscalidad, vivienda, educación, sanidad, inmigración y subvenciones a agentes sociales. Según fuentes del propio pacto, el texto recoge el mínimo acordado entre las dos formaciones, lo que deja abierta la puerta a negociaciones posteriores sobre materias no incluidas.
1.300 millones en rebajas fiscales: quién se beneficia y cómo
La pieza central del acuerdo es un paquete fiscal de 1.300 millones de euros distribuidos a lo largo de cuatro años. Cada ejercicio se aplicará una bajada del IRPF del 0,25% en los tramos de renta inferiores a 60.000 euros, de modo que al final de la legislatura la reducción acumulada alcanzará un punto porcentual.
Las familias con hijos también salen beneficiadas. El pacto fija deducciones por nacimiento o adopción: 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.500 por el tercero o sucesivos. Las deducciones por familia numerosa subirán un 50%, pasando de 200 a 300 euros.
El texto añade deducciones por gastos educativos, compra de gafas y para pacientes con ELA, que podrán deducirse hasta 2.000 euros. Se eliminarán también los tributos propios sobre bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales, y las tasas agrarias vinculadas a la ganadería, la caza y la pesca se reducirán.
Educación y vivienda: conciertos, gratuidad y acceso con arraigo
En educación, el pacto avanza hacia la ampliación de los conciertos al Bachillerato, con prioridad para la Educación Especial y la Formación Profesional, y garantiza la libertad de elección de centro.
La gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años incorpora una novedad relevante: la bonificación del 100% se extenderá a los niños de 0 a 1 año, tanto en la red pública como en centros adscritos.
En vivienda, la coalición se compromete a construir al menos 20.000 nuevas viviendas protegidas mediante colaboración público-privada. El acceso quedará condicionado a un empadronamiento mínimo de 10 años en Andalucía para compra y de 5 años para alquiler.
Inmigración y prioridad nacional: qué dice realmente el texto
El pacto rechaza de forma expresa la política migratoria del Gobierno central y se opone a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes. La Junta no habilitará nuevos centros de acogida ni creará plazas en los existentes. Tampoco se mantendrán subvenciones a ONG que participen, directa o indirectamente, en la promoción o facilitación de la inmigración irregular.
El concepto de «prioridad nacional» aparece en el texto, pero con matices importantes. El propio documento lo concreta en «arraigo real, duradero y verificable», no en la exclusión de servicios básicos. Juanma Moreno fue explícito al respecto: aclaró que no se dejará a migrantes sin atención sanitaria ni se desescolarizará a menores.
Recortes a sindicatos, memoria histórica y freno a las renovables en suelo agrícola
El pacto incluye una reducción del 50% en las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales por participación institucional, medida que se extiende a entidades privadas que no acrediten utilidad pública efectiva.
Sobre memoria histórica, PP y Vox se comprometen a aprobar una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente. El texto no detalla su contenido, pero señala que reemplazará la legislación actual.
En materia de energías renovables, el acuerdo excluye la instalación de macroplantas eólicas y fotovoltaicas en suelos de regadío, inundables o de valor agronómico. En política exterior, los socios rechazan formalmente el acuerdo UE-Mercosur y se comprometen a suprimir las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde o la Agenda 2030.
Lo que viene ahora es la prueba real. Cuatro presupuestos, cuatro años de negociaciones y una coalición que deberá demostrar si este documento es un punto de partida sólido o simplemente el mínimo que ambos partidos fueron capaces de firmar.