Una empresa española dedica 150 horas al año solo a gestionar sus impuestos. Más de tres semanas laborales completas consumidas en burocracia fiscal, frente a las 113 horas que emplea de media una empresa europea.
La paradoja es llamativa: España recauda menos que sus vecinos como porcentaje del PIB, pero sus empresas y ciudadanos soportan una de las cargas fiscales más pesadas del continente. Algo en el diseño del sistema no funciona, y los datos empiezan a dejarlo ver en la economía real.
Una factura empresarial muy por encima de la media europea
Los números son difíciles de ignorar. Las obligaciones tributarias sobre el tejido empresarial representan el 33,9% de la recaudación total en España, frente al 26% de media en la Unión Europea. Casi ocho puntos de diferencia que, traducidos al PIB, suponen una presión fiscal empresarial del 12,5% frente al 10,3% europeo. Así lo recoge el informe Competitividad fiscal 2025, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) junto a la Tax Foundation.
El Impuesto sobre Sociedades fija un tipo nominal del 25%, por encima del 21,5% de media en Europa. El problema se agudiza cuando una empresa reparte dividendos: la tributación combinada —Sociedades más IRPF del inversor— puede alcanzar el 47,5%, muy lejos del 38,8% europeo. Una doble imposición que penaliza directamente la retribución al capital.
Las cotizaciones sociales a cargo del empleador equivalen al 9,5% del PIB. España es el cuarto país de Europa que más encarece la contratación, con consecuencias directas sobre el empleo y la capacidad de atraer inversión extranjera.
El esfuerzo fiscal: pagar más de lo que la economía puede permitirse
Existe una distinción importante que el informe del IEE subraya: la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que las leyes exigen pagar. La recaudación total en España sobre el PIB se sitúa en el 36,8%, ligeramente por debajo de la media europea. Podría parecer una buena noticia.
No lo es. Esa cifra más baja se explica por el alto desempleo y la economía sumergida, no por tipos más generosos. Para quienes operan en la economía formal, las reglas son más exigentes que en casi cualquier otro país del entorno. La presión fiscal normativa —la que deriva del diseño legal de los impuestos— es casi un 17% superior a la media de la UE y la OCDE.
El esfuerzo fiscal lo confirma: los contribuyentes españoles soportan una carga que supera en un 14,1% la media europea. En imposición directa, la diferencia sube al 16,5%. España exige más, precisamente, a quienes menos pueden esconderse del fisco.
Competitividad en caída libre: del puesto 29 al 34 en siete años
El resultado de este diseño fiscal aparece con claridad en los rankings internacionales. España ocupa el puesto 34 de 38 países de la OCDE en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025, situándose 11,5 puntos por debajo de la media comunitaria. No es una posición coyuntural: el país ha perdido cinco puestos desde 2018.
La burocracia agrava el problema. Las empresas españolas dedican 150 horas anuales a gestionar impuestos, frente a las 113 horas de media en la UE. Son 37 horas extra que no se destinan a producir, contratar ni innovar. Para un inversor extranjero que evalúa dónde situar capital, la combinación de tipos elevados, burocracia y falta de certeza regulatoria resulta, sencillamente, poco atractiva.
El riesgo oculto: subir el IVA al turismo podría repetir el error portugués
En este contexto, la recomendación de la Comisión Europea de elevar el IVA de hostelería y restauración del 10% al 21% genera una alarma concreta. El IEE la califica directamente de «error de política económica». El argumento es claro: el turismo funciona como una exportación, y encarecerlo once puntos equivale a aplicar aranceles al principal motor económico del país.
Los márgenes del sector oscilan entre el 3% y el 10%, sin margen para absorber una subida de ese calibre. El ajuste recaería sobre los precios o sobre el empleo. El informe cita un precedente preciso: Portugal aplicó una medida similar en 2012. El resultado fue el cierre de 20.000 locales, la destrucción de 100.000 empleos y la reversión de la medida cuatro años después, cuando quedó claro que la recaudación caía en lugar de subir.
La alternativa: 50.000 millones extra sin tocar un solo tipo impositivo
El IEE propone un camino diferente para aumentar los ingresos públicos: ampliar las bases fiscales en lugar de elevar los tipos. El punto de partida es la economía sumergida, que en España representa el 15,8% del PIB, casi dos puntos por encima de la media europea del 13,9%.
Igualar esa media comunitaria aumentaría la recaudación de forma automática en 13.231 millones de euros. Converger con los cinco países europeos más eficientes —donde la economía informal se sitúa en apenas el 8,6%— elevaría los ingresos adicionales hasta los 50.260 millones, un 3,2% del PIB.
La dirección que tome la política fiscal española en los próximos años determinará si el país recupera posiciones en los rankings de competitividad o sigue perdiendo terreno frente a sus vecinos. La elección entre subir tipos o reducir la economía sumergida no es solo técnica: define qué modelo de crecimiento se quiere construir, y quién pagará el coste de no elegir bien.