España genera el 55,5% de su electricidad a partir de fuentes renovables y presume de uno de los sistemas eléctricos más limpios de Europa. Sin embargo, importa el 68,4% de toda la energía que consume.
Esa contradicción no es un matiz estadístico. Es el retrato de un país que lidera la generación verde y, al mismo tiempo, sigue expuesto a los mercados internacionales de petróleo y gas como si la transición energética apenas hubiera arrancado. ¿Cómo es posible que tanto sol y tanto viento no se traduzcan en independencia?
Un líder renovable con pies de barro
Los números son elocuentes. En 2025, las energías renovables generaron el 55,5% de toda la electricidad española, y tres de cada cuatro kilovatios hora se produjeron sin emitir CO₂. España tiene motivos para presumir de uno de los sistemas eléctricos más limpios del continente.
Pero la electricidad no lo es todo. El petróleo mueve los coches, los camiones y los aviones. El gas calienta los hogares y alimenta la industria. En esos dos combustibles, España no produce casi nada, y el resultado es que el 68,4% de toda la energía que consume el país llega del exterior. El petróleo y el gas representan el 97% de esas importaciones.
El informe de Foro Regulación Inteligente no trata esta contradicción como un dato menor: la define como una vulnerabilidad estructural. La crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania y el apagón del 28 de abril de 2025 en la Península Ibérica han situado la seguridad de suministro al mismo nivel de urgencia que la descarbonización.
Dependencia exterior: cambiar un proveedor por otro no es independencia
En 2025, Argelia fue el principal suministrador de gas natural de España, con el 34,6% del total. Estados Unidos duplicó su cuota hasta el 30%. Rusia mantuvo un 11,5%, pese a las políticas europeas orientadas a reducir esa dependencia.
El cambio de proveedores puede parecer un avance, pero el informe advierte de que sustituir una dependencia por otra no resuelve el problema estratégico de fondo. España sigue expuesta a la volatilidad de los mercados internacionales, a las tensiones geopolíticas y a ciclos de precios que escapan a su control.
Las consecuencias son concretas. En años de precios altos, el gasto energético ha rozado los 40.000 millones de euros: recursos que no se invierten en industria, en infraestructuras ni en innovación. España carece de reservas propias significativas de petróleo y gas, lo que convierte esta exposición en estructural, no coyuntural.
El cuello de botella que nadie esperaba: la burocracia
Aquí reside la paradoja más llamativa. España no tiene escasez de proyectos de almacenamiento energético —hay más de 20 GW ya presentados por empresas privadas—, pero permanecen atascados en distintas fases administrativas.
La capacidad instalada de almacenamiento es hoy de solo 7,6 GW, frente al objetivo de 22,5 GW para 2030. Según el informe, desbloquear los expedientes ya existentes bastaría para superar ese objetivo. No hacen falta nuevas propuestas. Hacen falta resoluciones.
Los tiempos medios de tramitación superan los dos años, y algunos proyectos llevan hasta siete esperando resolución pese a contar con informes técnicos favorables. En julio de 2025, la Comisión Europea envió a España una carta de emplazamiento por aplicar solo parcialmente la Directiva de Energías Renovables, que fija plazos máximos de uno a dos años. Alemania tramita en 17 meses. Italia ha acelerado sus procedimientos. España acumula retrasos sistemáticos.
El coste real de los retrasos: electricidad desperdiciada e inversión paralizada
Cuando hay demasiada electricidad renovable y no hay donde almacenarla, el precio cae. En 2025, durante aproximadamente el 6% de las horas del año, el precio de la electricidad fue negativo. Energía limpia generada que no pudo aprovecharse.
El caso de tres plantas de baterías de Sungrow en Vall d’Uixó, Castellón, ilustra el problema con precisión: suman 171,5 MW de potencia, más de 700 MWh de almacenamiento y una inversión cercana a los 150 millones de euros. Están en fases avanzadas y siguen paralizadas en el Ministerio para la Transición Ecológica.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé movilizar 294.000 millones de euros hasta 2030, en su mayoría privados. Miles de expedientes permanecen sin resolver. La inseguridad jurídica encarece los proyectos y aleja inversiones que el país necesita.
Una oportunidad histórica que puede escaparse
La demanda eléctrica podría crecer entre un 33% y un 54% entre 2026 y 2030, y duplicarse hacia 2035. La electrificación del transporte, la industria y los centros de datos de inteligencia artificial explican buena parte de ese salto; solo los centros de datos representarían más de un tercio del aumento previsto.
España cuenta con recursos renovables, una posición geográfica privilegiada e interés inversor. Hoy, sin embargo, solo intercambia electricidad con el resto de Europa en un 3% de su potencia instalada, muy lejos del objetivo europeo del 15% para 2030. La interconexión submarina por el Golfo de Vizcaya es una pieza clave que aún no está resuelta.
El informe es claro: el potencial existe, pero no se materializa solo. Sin una reforma administrativa que agilice los trámites y ofrezca seguridad jurídica, la transición energética española corre el riesgo de quedar incompleta. Capaz de generar energía limpia, pero incapaz de almacenarla, distribuirla y dejar de depender del exterior.
La pregunta queda en el aire. ¿De qué sirve liderar la generación renovable si la burocracia impide convertirla en independencia real? La respuesta no es técnica. Es política. Y está pendiente.