España lleva años apostando por las energías renovables y sabe que necesita baterías para almacenar lo que el sol y el viento producen de forma irregular. La tecnología existe, la financiación también. Sin embargo, cientos de proyectos de almacenamiento permanecen paralizados —no por falta de inversores ni de ingeniería— sino por un bloqueo regulatorio en el acceso a la red eléctrica.
Hay más de 300 nudos de la red de transporte donde instalaciones de baterías podrían conectarse de forma inmediata. Muchos están en zonas críticas para el sistema. Aun así, permanecen congelados.
El obstáculo que nadie esperaba
El almacenamiento energético no es un lujo. Es la pieza que permite que la energía solar generada al mediodía esté disponible por la noche, o que la eólica de madrugada no se desperdicie. Sin baterías a escala, la transición energética pierde estabilidad. España lo sabe, y la regulación lo reconoce.
La aprobación de la Planificación de la Red de Transporte 2025-2030 generó expectativas reales en el sector. Parecía el punto de partida para desplegar proyectos con garantías. Pero la reserva masiva de capacidad para futuros concursos de acceso —tanto en generación como en demanda— convirtió esa oportunidad en un nuevo cuello de botella, uno que nadie había anticipado con claridad.
El problema se concentra en la red de transporte: la única capaz de acoger grandes instalaciones de baterías que reduzcan costes logísticos, operativos y comerciales. Y es precisamente ahí donde los proyectos encuentran más dificultades para obtener acceso simultáneo como generadores y consumidores de energía.
Una normativa que avanza más rápido de lo que se puede gestionar
La regulación del almacenamiento ha cambiado mucho en poco tiempo. Desde el Real Decreto-ley 8/2023 hasta el más reciente Real Decreto-ley 7/2026, el sector ha visto incorporarse un tratamiento específico para el acceso y la conexión de baterías, primero desde la perspectiva de la generación y después desde la de la demanda. Esa aceleración ha dejado desajustes que no son menores.
En algunos nudos se activaron concursos de demanda exclusivamente por solicitudes de almacenamiento. El motivo es técnico, pero las consecuencias son muy prácticas: había capacidad disponible para inyectar energía, pero no se publicaba la capacidad para consumirla.
«Había capacidad para almacenamiento como generador, pero no se conocía la capacidad disponible como demanda porque no se publicaba. Eso provocaba que se activaran concursos al no existir margen suficiente para la parte de consumo, aunque sí lo hubiera para la inyección», explica Raúl García Posada, director de Asealen.
El resultado es paradójico. Proyectos técnicamente viables quedan atrapados por una asimetría de información entre lo que la red puede recibir y lo que oficialmente se declara disponible para consumir.
Cuando las reglas para consumidores no encajan con las baterías
La regulación vigente equipara las solicitudes de almacenamiento a las de cualquier consumidor convencional, y eso genera una distorsión que el sector lleva tiempo señalando.
Existen 73 nudos de la red de transporte reservados para concursos de demanda. Este mecanismo fue diseñado para proteger consumos industriales y residenciales estratégicos, no para gestionar solicitudes de baterías. El artículo 20 quater del Real Decreto 1183/2020 establece que, cuando una solicitud de demanda genera competencia por la capacidad disponible, el nudo queda automáticamente bloqueado para un concurso. La norma no distingue si esa demanda corresponde a un consumo estructural o a una instalación de almacenamiento.
El caso del nudo Beariz 400 kV lo ilustra con claridad. En abril de 2026, ese punto tenía 791 MW de capacidad de demanda disponible, sin ninguna solicitud convencional ni posiciones de demanda en la subestación. Aun así, nuevas solicitudes de almacenamiento podrían activar automáticamente un concurso de demanda y bloquear el acceso por completo.
La doble trampa: ni para inyectar ni para consumir
Las baterías necesitan hacer las dos cosas: cargar y descargar. Algunos concursos solo adjudican una de las dos modalidades, lo que hace inviable el proyecto desde el inicio.
El bloqueo tiene una escala considerable. Según fuentes del sector, más de 420 nudos están reservados para concursos de generación o bloqueados por nudos vecinos, con más de 118 GW sin adjudicar. Otros 62 nudos reservados para demanda podrían habilitar hasta 13,6 GW adicionales para almacenamiento. Son cifras que no dejan mucho margen para la inacción.
El dato más revelador es otro. El Ministerio para la Transición Ecológica no ha convocado ningún concurso de generación desde la aprobación del Real Decreto 1183/2020. La normativa original fijaba un plazo máximo de seis meses. Han pasado años.
Lo que pide el sector para desatascar el sistema
Las asociaciones del sector no piden eliminar los concursos. Piden que funcionen. Asealen reclama que la capacidad reservada para almacenamiento se asigne por prelación temporal o mediante concursos específicos que otorguen acceso conjunto para generación y demanda en una sola convocatoria.
Las esperanzas se centran ahora en el nuevo artículo 20 quinquies del Real Decreto 1183/2020, que permitiría adjudicar capacidad conjunta para almacenamiento y contempla la posibilidad de liberar capacidad por orden de llegada. El sector pide que su desarrollo reglamentario se agilice cuanto antes.
Aepibal señala que hay más de 300 nudos donde el almacenamiento podría conectarse de inmediato, muchos en zonas críticas del sistema. El potencial está ahí. Lo que falta es ejecución.
La advertencia del sector es directa: una herramienta regulatoria que no se activa deja de ser una solución y se convierte en un obstáculo. Si los concursos no se convocan y la capacidad sigue retenida sin calendario claro, la descarbonización del sistema eléctrico español pagará el precio. La tecnología y el dinero ya están listos. Ahora le toca moverse a la administración.