A pocas semanas del final de la legislatura, el Gobierno central ha endurecido las normas sobre zonas de bajas emisiones y exige a los municipios que impongan sanciones reales a los conductores de vehículos contaminantes. El mensaje es claro: se acabaron las moratorias.
Pero en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura —las cuatro ciudades de la Región obligadas por ley— llevan años con zonas de bajas emisiones aprobadas sobre el papel sin haber multado a un solo conductor. ¿Qué está ocurriendo realmente en sus calles?
Una normativa que lleva años esperando dientes
Todo parte de una ley aprobada en diciembre de 2022. El Gobierno central obligó entonces a los municipios de más de 50.000 habitantes que superaran los límites de calidad del aire a crear zonas de bajas emisiones con restricciones reales de tráfico.
Tres años después, la norma se ha endurecido. El nuevo decreto exige que los ayuntamientos acrediten un régimen sancionador efectivo, sin moratorias que retrasen su aplicación. El alcance también se amplía: los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminación quedan ahora incluidos.
El objetivo declarado es concreto: reducir la contaminación atmosférica, mejorar la salud pública y avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles. El Ministerio para la Transición Ecológica quiere que las ZBE dejen de existir solo sobre el papel.
Murcia capital: alternativas propias en lugar de ordenanza
El Ayuntamiento de Murcia todavía no ha aprobado la ordenanza de ZBE que anunció en diciembre del año anterior. Su argumento es que reduce emisiones por otras vías: la puesta en marcha del tranvibús, la incorporación de vehículos eléctricos y el fomento del transporte público.
El consistorio señala también las zonas peatonales y los accesos restringidos del centro —calles como Alfonso X o el entorno de la Catedral— como prueba de que ya cumple con la ley. Ninguna de estas medidas, sin embargo, implica multas directas a conductores por razón de su vehículo.
La posición del gobierno de la alcaldesa Rebeca Pérez es de espera. Afirma no haber recibido respuesta del Ministerio a su plan y anuncia que actuará solo si llega un requerimiento formal. Por ahora, no prevé adoptar nuevas medidas.
Cartagena y Lorca: entre la prudencia y la infraestructura
Cartagena ha pedido al Ministerio que explique los detalles y el alcance del nuevo decreto. El gobierno de Noelia Arroyo cuestiona la necesidad de imponer sanciones sin evaluar primero los resultados de los distintos modelos de restricción de tráfico. «No entendemos esta prisa», señalaron fuentes municipales.
Su apuesta es diferente: un modelo de «calmado» del tráfico diseñado junto a expertos de la Cátedra de Movilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena, que prioriza la concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducir el uso del vehículo privado.
Lorca es, sobre el papel, la más avanzada de las cuatro. Tiene ordenanza en vigor desde el 31 de diciembre, dos zonas ZBE con 26 calles del casco histórico, once cámaras de lectura de matrícula y carriles bici de nueva construcción. La inversión alcanzó los 3,2 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation. Pero incluso con toda esa infraestructura instalada, el gobierno de Fulgencio Gil no prevé imponer multas hasta 2030. La tecnología está lista; la voluntad sancionadora, aplazada.
Molina de Segura: ordenanza aprobada, sanciones aplazadas hasta 2028
Molina de Segura cuenta con ordenanza ZBE desde finales de 2024, bajo el nombre de «ZBE Molina Saludable». El inicio de las sanciones, no obstante, fue diferido hasta el 3 de enero de 2028. Es exactamente el tipo de moratoria que el nuevo decreto quiere eliminar.
El gobierno local asegura que los sistemas de control de accesos y medición de la calidad del aire funcionan correctamente, aunque no planea modificar nada hasta que el decreto estatal quede clarificado. Los resultados concretos son difíciles de evaluar desde fuera.
Sobre el impacto real de la ZBE, el consistorio solo reconoce «una ligera bajada del tráfico» en algunas zonas, sin aportar cifras concretas ni sobre circulación ni sobre contaminación. Una reducción que, además, atribuye en parte a las peatonalizaciones y al calmado del tráfico financiados también con fondos europeos.
El trasfondo político y lo que está en juego
Los cuatro grandes ayuntamientos de la Región están gobernados por el PP —con Vox formando parte del ejecutivo en Molina de Segura—. Esa coincidencia añade una dimensión política evidente a la resistencia compartida frente al decreto del Gobierno central.
Hay además un escepticismo explícito sobre la continuidad de la norma. Si las próximas elecciones generales producen un cambio de gobierno, el decreto podría ser modificado o derogado, y esa incertidumbre alimenta la estrategia de esperar antes de actuar.
Lo que está en juego va más allá de la política. El Ministerio ha advertido que el cumplimiento de las ZBE condicionará la financiación destinada a la transformación del transporte urbano. En otras palabras: el incumplimiento podría comprometer futuras ayudas estatales y europeas.
Los próximos meses serán decisivos. Si el decreto sobrevive al ciclo electoral y el Ministerio comienza a exigir acreditaciones formales, los cuatro municipios tendrán que elegir: adaptar sus ordenanzas y empezar a multar, o asumir las consecuencias de no hacerlo. La cuenta atrás ha comenzado.